El estallido del escándalo por la red de desinformación y difamación articulada en torno a la página "Despierta Paraguay" expuso la vulnerabilidad del esquema de comunicación del oficialismo. La denuncia periodÃstica y penal reveló una supuesta estructura que desde las elecciones de 2023 difundÃa noticias a favor del cartismo y hostigaba de forma sistemática a periodistas crÃticos y referentes de la oposición.
La acumulación de cuestionamientos forzó el retroceso del fiscal general del Estado ante las sospechas de triangulación de fondos públicos de programas sociales para el financiamiento del ataque digital. Emiliano Rolón Fernández anunció este miércoles la conformación de un equipo fiscal integrado por Marlene González, Laura Giacumo y Ruth BenÃtez, bajo la coordinación de la adjunta Nancy Salomón, para asumir la causa penal.
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La decisión de Rolón ocurre inmediatamente después de que él mismo confirmara ayer martes que habÃa remitido las denuncias de manera unilateral a la ContralorÃa. La abogada Cecilia Pérez, una de las más crÃticas a su gestión, denunció que este movimiento buscaba el cierre del caso y alertó sobre la destrucción de evidencias digitales.
El titular del Ministerio Público defendió hoy su controvertido pase del expediente a la ContralorÃa alegando que la institución carecÃa de peritos informáticos y económicos suficientes para procesar información financiera compleja. Rolón descartó que la investigación estuviera congelada en su despacho, aunque admitió que hasta esta mañana no habÃa ningún agente designado. Horas después, se conoció la reculada.
La respuesta de la oposición y la disidencia frente a esta justificación técnica no se hizo esperar en el Congreso y el senador Rafael Filizzola arremetió contra el fiscal general. Filizzola calificó de incapaz a Rolón, rechazó el argumento de la falta de recursos y lo acusó de buscar amparar al entorno del presidente Santiago Peña.
Para el bloque opositor, la falta de diligencias iniciales por parte de las autoridades judiciales desde fines de abril, cuando ABC inició la serie de publicaciones sobre la presunta red desinformante, otorgó el margen necesario para la alteración o borrado definitivo de evidencias informáticas cruciales. La FiscalÃa ignoró la solicitud de medidas urgentes de preservación planteada por la defensa de Hugo Portillo, uno de los afectados.
Esta dilación facilitó que los administradores de la red eliminaran posteos y páginas enteras que, según la denuncia, vinculaban a estructuras del Estado con la agencia colombiana Digimarketing SAS, encargada de pautar anuncios en redes tanto para los programas oficiales Hambre Cero y Che Róga Porã como para la plataforma digital utilizada para los ataques difamatorios.
La denuncia formulada por la oposición conecta directamente estas operaciones de hostigamiento con los despachos del MITIC, individualizando en el documento al operador Juan Roberto "Jimmy" Villaverde y a la viceministra Alejandra Duarte. Aunque el Ejecutivo negó públicamente los nexos, resoluciones oficiales demuestran que Villaverde operaba en Información Presidencial y contaba con una credencial emitida en julio de 2025.
El impacto del caso generó hoy un movimiento polÃtico en la bancada oficialista en el Senado que obligó al presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, a ejecutar un tibio desmarque institucional. Núñez declaró que la campaña de desprestigio estaba mal si efectivamente se constatase que se usaron recursos económicos y la estructura del propio Gobierno nacional.
El posicionamiento del titular del Congreso evidencia una lÃnea de distanciamiento del ala polÃtica tradicional del cartismo respecto al ala técnica de la administración de Peña. El equipo de fiscales enfrenta ahora el desafÃo de rastrear el flujo de dinero, un expediente donde Rolón define la credibilidad final de su gestión al frente del Ministerio Público.
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