Si bien el gobierno argentino tenía previsto llegar a un acuerdo con Santiago Peña sobre el cobro del peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay en las últimas semanas, para anunciarlo en la cumbre del Mercosur en Asunción, pero la presión de los sectores exportadores paraguayos volvió a frustrar la oportunidad de un entendimiento entre las partes.

"Están tensando la cuerda y parece que la quieren romper", dijo a LPO un alto funcionario argentino a cargo de las negociaciones. Los privados, nucleados en el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay (Cafym), empujan por la eliminación total del peaje, una prerrogativa de la Argentina, que ahora dejó en sus manos la propuesta de una tarifa para ver si se alcanza un punto intermedio.

El gobierno mantiene el silencio por el desaire de Milei y hay incertidumbre sobre el Mercosur

En caso de que Peña no haga cambiar de parecer a los exportadores, el gobierno de Javier Milei está listo para volver al punto cero del conflicto y reanudar tanto el cobro del peaje en el tramo Confluencia-Santa Fe de la vía fluvial como las interdicciones e incautaciones de las embarcaciones con bandera extranjera, dos concesiones que hizo Alberto Fernández y que continuó su sucesor para rebajar la tensión con su vecino.

Santiago Peña. 

Para Argentina no hay razón aparente en lo que ven como una intransigencia de los privados. Paraguay solo debe 20 millones de dólares por las facturas acumuladas e incluso le pidió a Milei que cancelara la deuda como gesto de buena voluntad. Ya en enero, la canciller Diana Mondino avisó que no existía la posibilidad de que se suprimiese el peaje, pero en cambio invitó a las autoridades paraguayas a sentarse a conversar.

Cafym desconoce la facultad de Argentina de cobrar a las embarcaciones que pasan por sus aguas y también el rol de Brasil, que propone un acuerdo entre privados para destrabar el conflicto y mantener al margen a los gobiernos

Pocos meses después, su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, dijo que aceptaría los términos impuestos por Milei, lo que implicaba suavizar la posición inicial del gobierno de Peña, que en agosto se montó en una crisis bilateral con Alberto para conseguir que se eliminara la tarifa, a la sobra del lobby de los navieros domésticos.

Según pudo saber este medio, Cafym desconoce la facultad de Argentina de cobrar a las embarcaciones que pasan por sus aguas, una "cuestión de soberanía", como defienden en Buenos Aires, y también el rol de Brasil, que propone un acuerdo entre privados para destrabar el conflicto y mantener al margen a los gobiernos. En ese caso, los exportadores perderían el apoyo que puede garantizarles Peña. 

La canciller argentina Diana Mondino. 

Algunos críticos con el reclamo de los empresarios navieros de Paraguay sostienen que en realidad la afectación es de solo 20 millones de dólares, mientras que en otros tramos hay cobros que son más onerosos para las barcazas. Paraguay argumenta que para el cobro del peaje en alguno de los tramos debe haber consenso entre los miembros del Tratado de Santa Cruz y una contraprestación que justifique el desembolso. Argentina responde que esta contraprestación son justamente las obras que realiza en la hidrovía. 

La semana pasada, Lezcano y Mondino se reunieron en el marco de la asamblea general de la OEA en Asunción y dieron a conocer una declaración conjunta en la que incluyeron un punto sobre la hidrovía como "capital estratégico de ambos países para su desarrollo y el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar", lo que hacía pensar en un acuerdo inminente. Pero la reserva de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y la hostilidad de Cafym pronto deshicieron cualquier atisbo de una solución.