El remolcador con bandera paraguaya "Papu Mar" se hundió la semana pasada cerca del kilómetro 77 del canal Paso Banco Chico, en plena hidrovía Paraguay-Paraná, y encendió las alarmas tanto por el potencial daño ambiental -transportaba combustible- y por la relajación de los controles a causa de las políticas de Javier Milei.

El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Sinacora) aseguró que el naufragio parcial es consecuencia directa de la falta de controles de seguridad establecidos en el Tratado de Navegación de la ruta fluvial, que determina la sobrecarga de transporte y que la flota paraguaya incumple gracias al decreto de Milei que desregula algunas exigencias. 

Gobernadores aliados denunciaron que la apertura de importaciones de Milei dejó a los alimentos sin controles sanitarios

El decreto permite, entre otras cosas, que las embarcaciones con bandera extranjera puedan realizar cargas y descargas en distintos puertos argentinos para impulsar el comercio fluvial, sin la obligación de realizar controles. "Este es el modelo de la Marina Mercante que pretende Javier Milei: al servicio de los intereses de los empresarios y extranjeros, desestimando toda seguridad en la navegación", dijo Mariano Vilar, presidente de Sinacora.

El presidente Santiago Peña. 

Presidencia de la República del Paraguay

La Prefectura estuvo a cargo del rescate, que calificó de "dramático", y llevó a la tripulación hasta Puerto La Plata, pero el hecho tuvo sus reverberaciones días después en Paraguay. Santiago Peña echó por decreto a Patricio Ortega, director de la Marina Mercante, y designó a Ronald Zayas por recomendación de Ramón Jiménez Gaona, hombre cercano a Horacio Cartes, líder del Partido Colorado. 

Jiménez Gaona supo aprovechar el momento para aumentar su influencia en el Gobierno en colaboración con Claudia Centurión, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del cual depende la Marina Mercante. La relación viene de la época en que la actual ministra trabajaba en el Consorcio Gaona y Lima.

De manera oficial, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), liderado por Julio César Vera Cáceres, admitió que no tiene competencia para fiscalizar los remolcadores. En tanto, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) decidieron mantenerse silencio para no empantanar los pocos avances en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía en torno al peaje que cobra Argentina.

Las embarcaciones con bandera paraguaya no podían tomar cargas en puertos argentinos por considerarse de cabotaje. Esto cambió con Milei

Sin embargo, fuentes de la Marina Mercante paraguaya aseguraron que las acusaciones de Sinacora son una reacción a las políticas de desregulación de Milei, que afecta de lleno a los navieros. "Las embarcaciones con bandera paraguaya no podían tomar cargas en puertos argentinos por considerarse de cabotaje. Esto cambió con Milei y ahora esos puertos pueden operar con embaraciones paraguayas y dejar el transporte vía camiones. Los argentinos admiten que no tienen la flota suficiente", comentó una de las fuentes a este medio.

Hidrovía: En Rosario exigen que las provincias tengan decisión en la nueva licitación 

Ante la desregulación, Paraguay avanzó durante la gestión del ahora exdirector Ortega en una agenda con los diferentes representantes de la Cuenca del Plata para abrir el comercio. Ortega se reunió con la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, que pasa por Resistencia (Chaco), para que las embaraciones paraguayas empiecen a operar allí a partir de junio. Pero algunos gremios y cámaras empresariales señalan que la competencia con embarcaciones paraguayas sería desleal por los menores costos impositivos y laborales.