Existe una fórmula que el gobierno de Javier Milei hace valer cada vez que Santiago Peña intenta intervenir en el debate sobre el peaje en la hidrovía: Argentina no discute decisiones del tramo Santa Fe-Confluencia con las autoridades paraguayas, sino con los empresarios afectados en Paraguay.

Bajo esa lógica, Peña dejó el camino libre para que la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) viajen a Buenos Aires y negocien directamente con los funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) los futuros costos del peaje en la hidrovía, cuya concesión quedó en manos de la belga Jan De Nul.

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El sector privado en Paraguay está en estado de alerta ante el anuncio de un aumento sorpresa o que, en el mejor de los casos, Jan de Nul no quiera modificar la tarifa actual. Pero en el Gobierno entienden que la discusión tarifaria tiene que resolverse entre los usuarios de la hidrovía y las autoridades argentinas, por lo que no queda más opción que mantenerse al margen de una negociación estrictamente comercial.

Para los armadores y los exportadores locales todavía no está claro cuáles serán los aspectos técnicos del nuevo contrato de concesión del río Paraná ni cómo impactarán en la cadena de valor a lo largo de los próximos años.

Bernd Gunther, presidente de Cafym. 

"Preocupa que se pretenda mantener, por un plazo de 25 años o más, la tarifa de USD 1,30 por tonelada de registro neto. Este valor nunca fue considerado razonable por el sector en función de los servicios recibidos y fue aceptado únicamente con carácter transitorio, mientras avanzaba el proceso para una nueva concesión", sostuvo Cafym en un comunicado.

Los armadores también recuerdan que los compromisos asumidos por Argentina cuando se fijó la tarifa de USD 1,30 nunca terminaron de cumplirse y que hasta hoy tampoco hay claridad suficiente sobre la relación entre el peaje que cobra, las inversiones previstas y los servicios que efectivamente se prestarán.

Nadie va a sudar una fiebre ajena. Nosotros no ganamos nada. Si los empresarios desean conseguir mejores precios, son ellos los que deben sentarse a negociar, no nosotros. Es un asunto que compete al sector privado

"Solicitamos que toda decisión vinculada con las vías navegables comerciales sea sometida a procesos transparentes, con información técnica y económica suficiente, participación efectiva de los usuarios y mecanismos claros de rendición de cuentas", dijo el gremio que preside Bernd Gunther. Ahora tendrá que sentarse junto a Iñaki Arreseygor, director de ANPYN, sin la mediación del Gobierno. 

 Iñaki Arreseygor, director de ANPYN. 

Desde la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) dejaron en claro que no tienen intención de involucrarse en una negociación de la que no obtendrá ningún beneficio directo.

"Nadie va a sudar una fiebre ajena. Nosotros no ganamos nada. Si los empresarios desean conseguir mejores precios, son ellos los que deben sentarse a negociar, no nosotros. Es un asunto que compete al sector privado", explicó a LPO un funcionario del organismo.

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Si el gobierno de Milei quiere discutir cuestiones institucionales, siguió el funcionario de la ANNP, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía es el ámbito donde se reúnen las autoridades de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia.

Milei acaba de adjudicar la concesión de la Vía Navegable Troncal a Jan De Nul y su socia argentina Servimagnus, luego de presentar la mejor oferta en una licitación de la que también participó la belga DEME.

Mientras tanto, en Cappro manejan información de que Argentina analiza un esquema de incremento escalonado del peaje: partiría de los actuales USD 1,30 por TRN, subiría inicialmente a USD 3,80 y tendría un techo proyectado de USD 5,78 por Tonelada de Registro Neto.