La Dirección General de Marina MercanteNacional, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo el liderazgo de Claudia Centurión, se encuentra en el foco de las denuncias por un supuesto esquema de coimas para la habilitación de barcazas, en abierta violación de lo establecido en la legislación naval.

El director de la Marina, Patricio Ortega, rechazó las acusaciones sobre una "caja paralela" y calificó la acusación de imposible debido a que las empresas navieras realizan los pagos administrativos vía banca virtual gracias a una alianza con el Banco Nacional de Fomento (BNF), que fue aplicado para transparentar el manejo de los recursos.

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La Dirección General de Marina Mercante forma parte del organigrama de instituciones a cargo del MOPC. Esta dependencia establece las direcciones administrativas, regula y fiscaliza el cumplimiento de las leyes, decretos y reglamentos de la Marina Mercante nacional, puertos e industrias afines.

Las denuncias realizadas a LPO por sindicatos daban a entender la existencia de pedidos de coimas por parte de funcionarios para el registro y habilitación de barcazas, incumpliendo la cantidad mínima establecida de tripulación expuestas en las leyes navales.

"Lo que la Marina Mercante percibe en concepto de habilitación, registro de embarcaciones, de tripulantes y todo lo que sea arancel está establecido en la ley de tasa 160/93. Esta ley nos permite percibir los cánones de la actividad naviera. Más allá de eso no existe ningún cobro o caja paralela", indicó Ortega a este medio.

Patricio Ortega, director general de Marina Mercante. 

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"Existen certificados que nosotros emitimos que no podemos cobrar comocertificado de arqueo y seguridad de la navegación porque no está establecidoen esa ley. Toda plata que entra se deposita en BNF", continuó el director del organismo.

Según los datos recibidos, al ingresar esta nueva administración se denunció ante el Ministerio Público que en caja de la dirección de la Marina Mercante se realizaban venta de facturas en blanco, lo que provocó un conflicto con la Administración General de Puertos de la Argentina. Durante un análisis de la situación de la hidrovía, las autoridades del país vecino reclamaron que no podían competir con Paraguay por los altos costos de los registros de embarcaciones de bandera argentina.

Si existen denuncias sobre corrupción debe realizarse ante el Ministerio Público. La corrupción se baila de a dos, el que ofrece y el que recibe, por eso pido a las empresas y a las autoridades que si existe algún pedido que me lo hagan saber para hacerle caer con el peso de la ley

"Nos mostraron una factura en donde aparecía 175 millones de guaraníes como monto cobrado para la habilitación de bandera argentina. Buscamos el triplicado de esa factura y encontramos que era por venta de formulario consistente en 10 mil guaraníes. Es decir, el propio agente marítimo pagó 200 mil guaraníes al funcionario para acceder a la factura en blanco y,  posteriormente, completó el documento con la cifra para la empresa naviera", explicó Ortega.

Ante esa situación, se impulsó la reforma de la ley de tasas para el cobro del concepto por tripulantes (un jornal por año) y el ingreso por tasa por el servicio de estadística de importación y exportación, que por cada finiquito de despacho pagan una tasa a la Marina Mercante.

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"Existen varias denuncias que se hicieron y cada una es tomada con pinzas. Si existe alguna irregularidad lo hemos corregido. Si existen denuncias sobre corrupción debe realizarse ante el Ministerio Público. La corrupción se baila de a dos, el que ofrece y el que recibe, por eso pido a las empresas y las autoridades que si existe algún pedido que me lo hagan saber para hacerle caer con el peso de la ley", detalló Ortega.

La legislación fluvial que regula la habilitación de las barcazas data de los '50, que fue parcheada por leyes y decretos durante los años siguientes. Actualmente, la Comisión de la Hidrovía, integrada por sectores empresariales y funcionarios, trabaja en la actualización de las normas que hoy solo se ajustan a barcazas movidas a vapor. La flota nacional asciende a unas 4350 embarcaciones, de las cuales 2550 están habilitadas para operar en la hidrovía.