La penetración del crimen organizado en la polÃtica y la Justicia. La fuerza logÃstica de los intermediarios de la droga andina en el territorio paraguaya. El problema de grupos criminales de alta peligrosidad en cárceles. Las alarmas difusas de sectores implicados en terrorismo internacional. Todos son asuntos que implican en Paraguay una conflictividad sostenida y batallas del Estado contra sectores a menudo más poderosos. Lo reconoce Oscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna, un funcionario polÃtico formado en inteligencia de la PolicÃa Nacional, que tiene mando sobre las fuerzas de seguridad que operan en el paÃs.
Pereira recibió a LPO en el Ministerio del Interior, en una oficina de un antiguo edificio español con balcones hacia el patio central. El viceministro es un ex oficial con formación académica, ex director de Inteligencia de la PolicÃa Nacional.
Recién llegado de Israel y a momentos de viajar a El Salvador invitado por el presidente Nayib Bukele para un evento de seguridad, menciona como un mojón de un cambio en la polÃtica de seguridad interna la Operación Veneratio en 2023, una acción conjunta del Ejército de Paraguay y la PolicÃa Nacional para recuperar la cárcel de Tacumbú en Asunción, totalmente controlada por grupos criminales y sumergida en una crisis interna. Allà habÃa facciones del Primer Comando Capital (PCC) brasileño y el clan conducido por Armando Rotela, que es el grupo narco paraguayo más fuerte hasta el presente.
"Mil militares del Ejército custodiaron el perÃmetro externo y dos mil policÃas entraron a la prisión. Se descontaba resistencia que hizo prever una batalla de dos dÃas. Pero hubo planificación estratégica. Se cortó la electricidad en toda la zona del penal que bloqueó el uso de teléfonos. Se dominó la penitenciarÃa en cinco horas", explica Pereira. A partir de allÃ, cuenta el viceministro, comenzó una polÃtica de separar a presos enfrentados, en distintos establecimientos.
Hubo otros casos de matanzas en cárceles gravÃsimos, como la de la cárcel de San Pedro en 2019 con diez presos paraguayos asesinados, incluso con un caso de decapitación, de parte de internos brasileños que acarrearon ya condenas de hasta 40 años de prisión. "Eso fue cambiando para desmontar ese conflicto de seguridad nacional. Se llevaron a ciertas penitenciarias a presos del PCC para separarlos de los nacionales", explica Pereira.
"Pero ahora se tomaron decisiones más importantes como la identificación con datos biométricos de todos los reclusos sospechados de ser parte de alguna organización criminal brasileña, justamente con autoridades de ese paÃs en la embajada en Asunción. Eso nos permitió tener la identidad real de la persona ya que muchos presos brasileños tenÃan documentación paraguaya antes de ser sentenciados, confirmar si tenÃan condenas en Brasil, y expulsarlos lo que descomprime el panorama en cárceles", dice.
Pereira explica que el PCC brasileño mediante su actividad económica en Paraguay no solo sostiene a sus lÃderes sino a miembros presos y sus familias. "Por eso es importante su control. Porque el mercado de droga más importante ha dejado de ser Europa, pero sigue siendo Brasil".
Sigue muy vigente en Paraguay el problema de ser un corredor de traslado en especial de cocaÃna llegada de Perú y Bolivia especialmente hacia Brasil y también a Argentina, desde donde llegan avionetas que hacen escala en distintos departamentos del paÃs, principalmente el Chaco. En compañÃa de un asesor, el viceministro explica que las rutas transatlánticas a partir de la HidrovÃa Paraná-Paraguay son un punto logÃstico de peso para el tráfico internacional, especialmente de cocaÃna, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las fronteras, especialmente con Bolivia.
"Son fronteras terrestres de gran extensión que hacen difÃcil el control. La zona del Chaco Paraguayo que limita con Bolivia es una zona muy poco poblada. Estas organizaciones utilizan el Chaco como un centro de logÃstica. Lo que ocurre aquà es que la mayor cantidad de cocaÃna que se acopia se relaciona con el mercado brasileño, en primera instancia. Y en segunda instancia con la salida hacia el Atlántico y Europa especÃficamente", señala.
En los últimos siete años previos al ingreso de la gestión de gobierno del presidente Santiago Peña, dice Pereira, fue muy complejo poder combatir ese fenómeno porque el Estado no le daba atención a las necesidades tecnológicas que se requieren para ello. "No tenÃamos radares ni escáneres para utilizar en los puertos de contenedores. Paraguay fue un punto bisagra para exportar la cocaÃna a Europa. Se detectó un cargamento de 6 mil kilos en Bélgica en el Puerto de Amberes", recuerda. Con la consolidación del centro de distribución también empezaron a formalizarse estructuras de lavado del dinero.
-¿En ese negocio criminal hay un cambio donde intervienen en el control grupos brasileños como el Primer Comando Capital (PCC) o el Comando Vermelho?
El esquema funciona a través justamente de alianzas que hacen las organizaciones criminales con organizaciones criminales locales. La producción de cocaÃna, ya sea proveniente de Colombia, Perú o Bolivia misma, no está dominada por una organización criminal que esté en el Cono Sur. Es ya una producción casi industrial para estos grupos que realizan tanto el cultivo, el acopio, el procesamiento y la distribución. Sin embargo, sÃ, hay una injerencia relevante del PCC y el Comando Vermelho especÃficamente para las rutas de la cocaÃna. Y tenemos constancia por investigaciones en el exterior de las conexiones de estos grupos con mafias europeas como la N'Draghetta calabresa o el Clan de los Balcanes.
-¿Qué impacto produce esto sobre territorio paraguayo?
Bueno, quienes participan no son personas que portan un arma. Son una corporación. Las integran bufetes de abogados, escribanÃas o personas que tienen empresas multinacionales o las representan.
-Cómo los detectaron?
-Las investigaciones realizadas por las policÃas de Europa que intervinieron en las incautaciones de esos cargamentos, ya en destino, fueron los que indicaron que a partir del seguimiento de las informaciones, de las entrevistas, de los interrogatorios, de la información digital de dispositivos celulares, de las personas que fueron capturadas en destino, vinculadas a los cargamentos, pudieron ellos hacer conexiones con personas tanto de nacionalidad paraguaya como extranjeras o que alguna vez estuvieron en Paraguay o que estaban residiendo aquÃ. A veces como representante de una empresa o un despacho de abogados que despachaban a Europa cargas de arroz, azúcar, carbón, que eran las más preferidas por ellos para poder disimular la droga y enviarla a Europa.
Pereira remarca que el año pasado se identificó una cadena de agentes judiciales vinculados a extender documentos para personas vinculadas al crimen organizado. "Es un golpe para la imagen institucional pero también es una muestra de fortalecimiento, porque significa que se toman decisiones sobre ese tipo de situaciones. Fueron procesados más de diez agentes policiales por estar vinculados a la provisión de documentaciones para organizaciones criminales", señala.
"En los primeros seis meses de este gobierno en particular, se hizo un análisis de todas las vulnerabilidades del paÃs con relación a la capacidad de controlar el tránsito de droga, no solo por las amenazas a la seguridad sino por los riesgos hacia la inversión extranjera. Se invirtió en escáneres de mercaderÃa en puerto y se retomaron los controles sobre el espacio aéreo. Es más, Paraguay está pronto a recibir para este fin de año dos radares nuevos y en junio se hará el mantenimiento de dos en desuso", agrega.
"Desde que asumió este gobierno a los tres meses, hubo una incautación de droga en Europa que salió de Paraguay y fue una operación conjunta con la policÃa de Paraguay y la policÃa de España. Entonces, eso permitió, desde ese momento hasta hoy, que no se haya detectado ningún cargamento salido del paÃs y llegado a Europa. Ya no tenemos esos números de 2.000 o 6.000 kilos de cocaÃna que salÃan de Paraguay por hidrovÃa. Sà es una preocupación para nosotros Brasil y organizaciones como el PCC que realizan actos de sicariato y lavan el dinero a través de actividades comerciales para poder seguir financiando hasta con ese dinero sus actividades criminales y con inversiones en Paraguay", explica Pereira.
Paraguay también es un campo permanente de referencias sobre amenazas o indicios de células vinculadas al terrorismo internacional, como el caso de Hezbolá en la triple frontera, o el caso en 2022 del avión iranà con una tripulación excesiva que aterrizó en Alto Paraná en su ruta previa a Ezeiza, donde llegaba Ghasemi Gholamreza, miembro de Fuerza Quds, del grupo Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
"El terrorismo en particular no lo damos por activo en Paraguay. Lo más concreto fue la colaboración judicial a partir de identificar a ciertos actores aquà en el área de Triple Frontera con el atentado de la AMIA como facilitadores pero no como activos terroristas presentes en la zona. No podemos descartar que haya activos terroristas ocultos, porque no hay Estado que pueda descartarlo. Pero no hay indicios relevantes de eso. Cuando se identificaron personas en Ciudad del Este en particular en el caso del avión fue por seguimientos que se tomaron de manera preventiva y no por ningún indicio de que hayan estado realizando una actividad especÃfica. No se han detectado en los últimos quince años indicios de actividad terrorista. Estamos trabajando muy de cerca con Brasil y Argentina", señala.
"También entendemos que existen actores hÃbridos que no son propiamente miembros de estas organizaciones terroristas. Sin embargo, ya no son solamente facilitadores por simpatÃa, sino que son parte de una logÃstica económica que financian a estas organizaciones. Y, en ese sentido, tenemos nosotros, de alguna manera, ciertos vÃnculos identificados, pero no podemos compartirlo ni decirlo, porque es cuestión de seguridad nacional. Se investiga y se procesa. Pero no todo lo que se hace en este campo se puede contar", advierte.
Otro perfil revelador es el de la penetración de la Justicia por parte de las organizaciones criminales. Que a veces no revela una connivencia elegida por funcionarios, que también se da, sino que es producto de la mayor fragilidad relativa sobre todo en zonas alejadas de Asunción, donde la estructura estatal es endeble y los grupos que operan poderosos, lo que coloca a los agentes judiciales y de fiscalÃa en posiciones de desprotección y de miedo.
"Es un tema de ocupación diaria", reconoce Pereira. "En las zonas de frontera como Amambay, Canindeyú y Concepción, las de más presencia de ciudades espejo con Brasil, esa vulnerabilidad existe de modo claro. Para la criminalidad organizada en zonas de frontera tenemos fiscales de unidades especializadas de Asunción. Con eso se pretende evitar que los actores de peso polÃtico o económicos de la zona tengan injerencia en las investigaciones", concluye.
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