Una recolección histórica de datos sobre el potencial gasífero del Chaco paraguayo estima que las reservas vírgenes, aquellas que todavía no fueron exploradas ni explotadas, podrían superar los 70 Tcf (billones de pies cúbicos).

Para dimensionar el volumen, las proyecciones ubicarían a Paraguay muy por encima de países de la región como Perú, que en 2017 contaba con unos 14 Tcf de reservas probadas. Si los cálculos sobre el Chaco se confirman, Paraguay podría convertirse en un actor energético de peso en la región.

Con este horizonte en mente, el Gobierno de Santiago Peña, a través del Viceministerio de Minas y Energía que encabeza Mauricio Bejarano, se prepara para sortear el primer obstáculo legislativo antes de avanzar sobre estos recursos.

Tras el aval de Peña y Báez, el oficialismo retoma la exploración en Médanos del Chaco

La primera batalla está en el Congreso y pasa por modificar los artículos 4 y 6 de la ley 5723/2016 que creó el Parque Nacional Médanos del Chaco. El artículo 4 prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales dentro del predio, mientras que el artículo 6 restringe la actividad industrial.

Claudia Centurión y Santiago Peña.

El encargado de llevar adelante este análisis es el diputado capitalino José Rodríguez, quien lidera la mesa técnica interinstitucional integrada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Viceministro de Minas y Energía, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Petropar y organizaciones sociales.

El principal escollo está en los grupos ambientalistas que cuestionan la posibilidad de que unas 250.000 hectáreas del parque vuelvan a ser habilitadas para actividades productivas y energéticas por el impacto potencial sobre la fauna y la flora del lugar.

Entre las poblaciones que aparecen en el centro de la discusión está Bahía Negra, que durante años utilizó gas natural para generar energía antes de verse obligada a depender de los combustibles. El argumento de quienes impulsan la modificación es que este cambio habría generado mayores costos y consecuencias ambientales y sanitarias para la comunidad.

Yo les puse una prueba a las ONG: que me traigan pruebas de que existen comunidades aisladas y nómadas que podrían verse afectadas. Hablan de que vamos a dañar el acuífero Yrendá, pero esa agua no puede ser utilizada porque está llena de minerales

Las organizaciones ambientalistas, a su vez, encontraron un defensor de peso en el diputado disidente Mauricio Espínola, quien pidió al Ejecutivo garantizar la preservación ambiental e hídrica del territorio en disputa. Por su parte, el opositor Raúl Benítez, que participó de la mesa de Rodríguez, se abrió a revisar aspectos legales.

Rodríguez, sin embargo, sostiene que hasta ahora no se ha logrado demostrar que la explotación proyectada vaya a afectar a comunidades indígenas aisladas o comprometer las reservas de agua, en particular el acuífero Yrendá. 

Mauricio Bejarano.

"Yo les puse una prueba a las ONG: que me traigan pruebas de que existen comunidades aisladas y nómadas que podrían verse afectadas. Hablan de que vamos a dañar el acuífero Yrendá, pero esa agua no puede ser utilizada porque está llena de minerales", afirmó el diputado oficialista a LPO.

Pero la discusión legislativa se desarrolla en paralelo a una disputa judicial, debido a que existe un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la ley 5723/2016, que declaró al Parque Nacional Médanos del Chaco como área silvestre protegida y patrimonio ambiental.

La acción busca recuperar permisos para la explotación de reservas de hidrocarburos ya identificadas. La Justicia, no obstante, sostuvo que el interés general y el derecho constitucional a un ambiente sano prevalecen sobre los intereses económicos.

Advierten que Paraguay agotará toda su energía hidroeléctrica para 2030 

Para el Gobierno, la modificación de la norma sería apenas el primer paso de una estrategia energética mucho más ambiciosa. El objetivo de fondo es aprovechar el potencial gasífero paraguayo para conectarlo con los yacimientos de Vaca Muerta en Argentina y concretar así el Gasoducto Bioceánico.

La obra, estimada en unos USD 2.000 millones, busca convertir a Paraguay en un corredor energético regional. De hecho, el Gobierno pretende viabilizarla antes de 2032, cuando el país podría comenzar a enfrentar el límite de su potencia eléctrica disponible.