En medio del debate por un nuevo pliego tarifario para la venta de energía, el presidente Santiago Peña y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), encabezada por Félix Sosa, observan cómo va tomando forma la guerra entre las empresas de criptominería y los data centers por el destino de la energía paraguaya disponible.

El trasfondo del conflicto es simple: quién se quedará con el excedente energético de Paraguay, mientras los informes técnicos ya anticipan una eventual escasez en una década si no se concretan nuevas inversiones en generación y transmisión o no se apuran fuentes alternativas para capear el déficit.

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Actualmente, las criptomineras ingresan a las arcas de la ANDE unos USD 300 millones anuales. Sin embargo, los grandes proyectos de data centers prometen mover cifras considerablemente superiores, con retornos que, según estimaciones manejadas en el sector, podrían llegar a USD 600 millones, además de una condición que el Gobierno considera estratégica,  es decir, la creación de empleo local.

Félix Sosa.

Por eso, en las negociaciones que impulsa el Gobierno  de Peña, la prioridad parece inclinarse hacia los centros de datos. La decisión encendió las alarmas en el sector cripto, donde varios de sus principales voceros son exfuncionarios de la ANDE con fuerte influencia dentro del sistema eléctrico, como deslizaron fuentes de Itaipú a LPO. 

Desde la binacional sostienen que las críticas contra los acuerdos energéticos promovidos por el Gobierno responden más a una disputa comercial que a cuestionamientos técnicos. En Itaipú interpretan que la ofensiva busca dificultar el desembarco de nuevos jugadores, entre ellos la firma británica Atome, que prometió levantar una megaplanta de fertilizantes verdes en la ciudad de Villeta.

En las negociaciones que impulsa el Gobierno, la prioridad parece inclinarse hacia los centros de datos. La decisión encendió las alarmas en el sector cripto, donde varios de sus principales voceros son exfuncionarios de la ANDE con fuerte influencia dentro del sistema eléctrico, como deslizaron fuentes de Itaipú a LPO

Una de las principales críticas gira en torno al contrato firmado por Atome en 2022, que fijó un precio de USD 30 por MWh. Sectores internos de la ANDE aseguran que esa tarifa estaría por debajo de los costos reales y generaría pérdidas para la estatal. Sin embargo, en Itaipú insisten en que el análisis omite beneficios operativos y condiciones que todavía dependen de las negociaciones energéticas pendientes con Brasil.

Lula da Silva.

AP

"Existe una guerra declarada de las criptomineras para retener una energía que el Gobierno ya decidió destinar a los data centers. Es una disputa comercial que expone además las deficiencias históricas del sistema eléctrico y la necesidad de ordenar las tarifas", explicó a este medio una alta fuente de la binacional.

En ese escenario, Félix Sosa enfrenta un frente cada vez más complejo. Por un lado, la presión de las criptomineras para conservar el acceso a energía abundante. Por otro, la apuesta oficial por atraer data centers y proyectos industriales de alto consumo.

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Todo esto mientras la ANDE debe resolver problemas estructurales que arrastra desde hace años: inversiones insuficientes, redes de transmisión obsoletas, pérdidas millonarias y una estructura administrativa cuestionada.

La disputa ya dejó de ser técnica. En el Gobierno admiten que ya se convirtió en una pelea por el control de uno de los recursos más valiosos que tendrá Paraguay en los próximos años, esto es, su energía. Sosa quiere apurar la negociación por el Anexo C de Itaipú para poder actualizar las tarifas de la ANDE, incluidas algunas especiales (y revisadas) para las electrointensivas, auque Brasil todavía no ha dado señales.