El presidente Santiago Peña tuvo una reunión con Michael Kuhlwein, cofundador y director en Austria de Parafuel Paraguay SA, para hablar sobre las oportunidades de inversión que ofrece el Gobierno, con el foco puesto en levantar una planta de metanol verde en el país. La compañía, que se creó hace apenas seis meses, se suma a otras interesadas en proyectos que requieren vender créditos.
La reglamentación de la ley de créditos de carbono se hizo el mismo día y aparentemente tiene algunos aspectos positivos y otros que perjudican a poblaciones indígenas y campesinas. El periodista especializado en temas ambientales, Maximiliano Manzoni, aseguró que la reglamentación adecua el concepto de "adicionalidad" a los estándares internacionales.
Peña reglamenta la ley de energías alternativas y abre el mercado paraguayo a inversores extranjeros
"Esto significa que un proyecto que quiera vender el carbono que captura, como una reforestación, no solo debe demostrar que esa captura existe, sino que también debe demostrar que no hubiera sucedido sin dinero de los mercados", explicó.
La reglamentación evitaría que las empresas que ya recibieron apoyo público para sus iniciativas cobren dos veces por la misma reforestación. Una investigación del medio Consenso y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) demostró que ese tipo de actividades fraudulentas no son aisladas.
Un claro ejemplo es el de Paracel, cuyo proyecto fue rechazado porque ya había recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por las mismas plantaciones de eucaliptos que quería vender en el mercado de carbono. La parte negativa que señaló Manzoni, en referencia a la ley y su reglamentación, corresponde a los mecanismos para proteger a comunidades de proyectos de carbono hechos a sus espaldas y, muchas veces, sobre tierras indígenas sin consentimiento previo.
"Este es uno de los mayores problemas en los mercados de carbono en los últimos años, donde empresas venden el carbono de bosques que pertenecen a las comunidades, o utilizan en las reforestaciones agroquímicos que impactan a pueblos aledaños", señaló el experto.
Consenso también había publicado que la ley de créditos de carbono había tenido una rápida aprobación por las vinculaciones políticas que cuenta Paracel, una empresa sueco-paraguaya. El senador colorado cartista Patrick Kemper y su cuñado, Rodolfo Vouga, operaron para que la ley saliera adelante, uno en su carácter de legislador -que el año pasado se volvió oficialista- y el otro en su carácter de asesor de la empresa y luego vicepresidente ejecutivo.
Vouga también había asesorado a una compañía de origen holandés que buscaba instalarse en el Chaco y vender créditos de carbono. La misma historia ocurre con Atome PLC, que radicará una planta de hidrógeno verde en Paraguay. Peña se reunió en París con Peter Levine, presidente de Atome Energy, en diciembre pasado. El encuentro giró en torno a las oportunidades de inversión para la generación de energía renovable en Paraguay.
Atome Energy, con sede en el Reino Unido, cuenta con un proyecto de US$ 500 millones para construir una planta productora de hidrógeno y fertilizantes en la ciudad de Villeta. La empresa también recibirá, al igual que Paracel, fondos de multilaterales como el BID para financiar su construcción.
Atome Paraguay SA estará ubicada a unos 30 kilómetros del casco urbano de Villeta, empleando de manera directa a 1.300 personas. En una primera etapa se producirán hasta 264.000 toneladas de fertilizante al año, lo que convertirá a la planta en una de las mayores instalaciones de producción de fertilizantes renovables del hemisferio occidental.
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