En plena crisis con Brasil por la operación de espionaje contra autoridades paraguayas, Santiago Peña fue cruzado por el balance de la Itaipú Binacional de 2024. Aunque el presidente había bautizado el acuerdo alcanzado con Lula da Silva de "histórico", el país recibió el año pasado USD 880,9 millones de la hidroeléctrica, cuando el Gobierno estimaba unos USD 1250 millones anuales hasta 2026.

A partir de los estados contables de la binacional, que el senador opositor Rafael Filizzola publicó este viernes en su cuenta de X, se registra una diferencia de USD 367 millones entre lo anunciado y lo efectivamente asignado. En todos los ítems, destacó el dirigente del Partido Democrático Progresista, Paraguay recibió menos a los cálculos de Peña.

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"El Gobierno de Peña manipuló desde el inicio los números para mentir a la gente. Y algo no menor: lo sabemos gracias a Brasil, porque acá reina el secretismo y la opacidad. ¿Y estos entreguistas son los que van a encarar la revisión del Anexo C? Qué Dios nos ampare", escribió Filizzola, uno de los más críticos con el pacto entre Peña y Lula.

En mayo pasado, los dos socios de la hidroeléctrica llegaron a un acuerdo sobre la tarifa para la contratación de potencia energética en Itaipú, que quedó fijada en USD 19,28 kW/mes por tres años. Con la nueva tarifa, prometió Peña, se generarían USD 280 millones en concepto de royalties, USD 650 millones para inversiones sociales al año, USD 265 millones por compensaciones de energía y USD 53 millones de utilidades de capital y otros conceptos.

Pero Paraguay se quedó, en números redondos, con USD 234 millones por royalties, apenas USD 436 por gastos socioambientales, USD 161 millones en compensación por cesión de energía y USD 31 millones de utilidades. Parte del pacto entre Peña y Lula contempla un compromiso que el Gobierno deberá atender a partir de enero de 2027: la tarifa tendrá que bajar, como pedía el presidente brasileño en un primer momento.

Parte del pacto entre Peña y Lula contempla un compromiso que el Gobierno deberá atender a partir de enero de 2027: la tarifa tendrá que bajar, como pedía el presidente brasileño en un primer momento

El acuerdo entre ambos fue cuestionado desde el vamos por la oposición porque considera que la tarifa no fue tan alta como para cubrir los costos operativos de la binacional al alza -Peña propuso una de USD 22,60 por kW/mes al principio de las conversaciones, pero más tarde tuvo que aceptar un precio intermedio- y el sigilo con el que el Gobierno condujo las negociaciones.

Rubén Ramírez Lezcano y Mauro Vieira. 

LPOLucas Núñez

Las cifras que se desprenden del balance meten presión a Peña, sobre todo porque resolvió frenar la negociación por el Anexo C del Tratado de Itaipú en protesta por el caso de espionaje por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El anexo es clave porque establece las bases financieras de la binacional y por primera vez en medio siglo habilita a una revisión de sus cláusulas.

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En la práctica, lo que está en juego es el precio de la energía producida y la posibilidad de que Paraguay pueda vender su excedente en el mercado y no a Brasil por obligación. Este escenario habría motivado el hackeo de la Abin que hoy tiene en la mira al jefe de la inteligencia designado por Lula. El caso enfrió la relación bilateral, pero la oposición cuestiona a Peña por haber suspendido el diálogo con los brasileños por el Anexo C debido a que perjudica más a Paraguay que a Brasil.