El presidente de Petropar, Eddie Jara, se refirió al caso de la empresa catarí Doha Holding Group LLC, que debía entregar un envío de gasoil adjudicado en 2024, pero que hasta el momento sigue sin cumplir con su compromiso. Acorralado por la oposición en el Senado, el titular de la estatal aseguró que ya no habría más prórrogas para la firma proveedora.

Desde la firma del contrato, Petropar dio ocho prórrogas: la última vence el próximo 31 de octubre. Si no llega el gasoil, no habrá otro periodo de gracia, y lo más probable es que se rescinda el contrato con la empresa catarí, que se comprometió a proveer 100.000 toneladas métricas de gasoil.

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"Realmente les confieso que nosotros también estamos llegando a un límite de paciencia. El precio es muy beneficioso, y si llega el producto, puedo bajar G. 500 el litro. El precio es tan bajo que está por debajo de cualquier otro proveedor", explicó Jara a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

Realmente les confieso que nosotros también estamos llegando a un límite de paciencia. El precio es muy beneficioso, y si llega el producto, puedo bajar G. 500 el litro. El precio es tan bajo que está por debajo de cualquier otro proveedor

Con todo, Jara justificó las excesivas prórrogas otorgadas a la empresa de Catar, si bien insistió de forma "vehemente" que estaba resolviendo el problema desde hace dos meses. Fuentes de Petropar confirmaron a LPO que si no llega el combustible antes del 31 de octubre, se rescindirá el contrato y se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento.

El contralor Camilo Benítez.

Sin embargo, en Petropar existen dudas sobre las declaraciones de Jara, sobre todo porque si se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento, y Doha Holding Group LLC no cumple, se tiene que demandar a la empresa catarí.

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La empresa Doha Holding Group está vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. El contrato fue firmado el 30 de setiembre de 2024 y hasta hoy la compañía no cumplió con la entrega del gasoil, aunque tiene hasta finales de octubre para cumplir lo acordado, algo poco probable si se consideran los antecedentes.

El monto del contrato es por USD 61 millones. Luego de las críticas y denuncias, la Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez, solicitó documentos sobre el contrato para determinar los detalles del acuerdo y los riegos sobre un eventual daño patrimonial a las arcas del emblema estatal.