El senador Rafael Filizzola solicitó al Ejecutivo que comparta la información oficial sobre el conflicto causado por el caso de espionaje de Brasil a Paraguay, cuyo contenido permanece reservado. El legislador considera que el reporte tiene relevancia estratégica de cara a la negociación de Itaipú y impacto considerable en la política exterior del país.

Flizzola sostuvo que los legisladores deben controlar cómo el gobierno está llevando a cabo las conversaciones con el equipo de Lula da Silva. El senador solicitó saber cuál era el alcance y la naturaleza de las denuncias que motivaron el impasse diplomático. El Gobierno de Santiago Peña aún no justificó las razones para mantener su clasificación.

Apurado por el debate de la tarifa, Brasil entrega su informe sobre espionaje y destraba la negociación en Itaipú

El diputado Raúl Benítez también pidio a la presidencia de la cámara que intercediera ante el Ejecutivo para que presentara un informe sobre las explicaciones de Brasil. Raulito dijo a LPO que no le hicieron caso, pero el lunes volverá a presionar para tener el acompañamiento del pleno.

Yolanda Paredes y Rafael Filizzola.

La presión política surge inmediatamente después de que el Gobierno de Santiago Peña, a través de su canciller Rubén Ramírez Lezcano, aceptara un informe confidencial de Brasil sobre el caso y declarara el asunto oficialmente concluido. Esta decisión se tomó tras una reunión el lunes pasado con el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira, quien entregó personalmente el documento y ofreció explicaciones sobre las operaciones de inteligencia realizadas entre junio de 2022 y marzo de 2023.

Frente a estas explicaciones, el Gobierno paraguayo adoptó una postura conciliadora y dio por cerrado el conflicto, un movimiento que era un requisito indispensable para desbloquear las cruciales negociaciones sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, las cuales se reanudarán en la primera quincena de diciembre.

Frente a estas explicaciones, el Gobierno paraguayo adoptó una postura conciliadora y dio por cerrado el conflicto, un movimiento que era un requisito indispensable para desbloquear las cruciales negociaciones sobre la revisión del Anexo C

Los legisladores de la oposición consideran insuficiente que un asunto delicado, que toca directamente a la soberanía nacional, se resuelva mediante un documento clasificado sin rendir cuentas al Legislativo. Filizzola fue enfático al señalar que esta situación "afecta directamente a la política exterior y a temas estratégicos para el país", por lo que considera insuficiente limitar la explicación del Gobierno a documentos de carácter reservado.

Esta postura crítica es compartida en la Cámara de Diputados, donde Raulito se mostró preocupado por la opacidad del Ejecutivo. Benítez afirmó que el Gobierno utilizó el tema del espionaje como una excusa para evadir las conversaciones sobre el Anexo C.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano.

El conflicto diplomático se había iniciado en abril de este año, cuando medios brasileños como UOL revelaron que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) había espiado a autoridades paraguayas durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Según las publicaciones, el objetivo del operativo era obtener información confidencial relacionada con la negociación de las tarifas de la hidroeléctrica de Itaipú, una de las más grandes del mundo.

Ante estas graves revelaciones, el gobierno paraguayo reaccionó de manera inmediata. El presidente Peña manifestó en su momento que, aunque no contaban con datos oficiales, estaban "muy preocupados" por la situación.

Lezcano calificó los hechos como "una violación del Derecho internacional" y anunció una serie de medidas contundentes. Estas incluyeron la convocatoria inmediata a consultas del embajador de Paraguay en Brasil, la apertura de una investigación interna y, de manera crucial, la suspensión temporal de todas las negociaciones con Brasil respecto al Anexo C del tratado de Itaipú.