Los data centers son infraestructuras grandes que se encargan del procesamiento de datos para la operativa de las compañías que construyen herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA). Para que funcionen, estos equipos requieren de un consumo intensivo de energía y elevados volúmenes de agua. La contracara es la cantidad de residuos difíciles de gestionar que generan.

Latinoamérica aparece en la ruta del desarrollo de herramientas o aplicaciones de IA, no solo por sus recursos, sino también por el relacionamiento político con Estados Unidos y las políticas económicas de los gobiernos. En el caso paraguayo, la desgravación impositiva es uno de los principales incentivos para atraer capitales extranjeros: no es una "estrategia" nueva, más bien una tendencia con amplio consenso político y empresarial, lo que permite deducir que no será diferente cuando esté lista la ley para la industria de la IA.

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En Paraguay, todo lo referente a IA sigue siendo una incógnita. El acceso a los planes que tiene el Gobierno y las intenciones de las compañías privadas estadounidenses, más allá del interés en construir data centers, es prácticamente nulo. No obstante, en mayo se levantaron las alertas por los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia en el Senado.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que había terminado el acuerdo de concesión de energía en Itaipú, y que parte de lo que le corresponde de la hidroeléctrica a Paraguay debía ser utilizada. "No pueden cargar la electricidad", señalo entonces Rubio, por lo que "empresarios inteligentes" tendrán que invertir en Paraguay.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.

Pero el acuerdo no culminó, Itaipú sigue sin renovar el Anexo C y la energía eléctrica no sobrará, mientras el Gobierno de Santiago Peña analiza qué otras fuentes se podrían impulsar. Más allá de las imprecisiones de Rubio, una serie de hechos sucedieron en el plano legislativo y en las oficinas ejecutivas del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y del Ministerio de Industria y Comercio. Las conversaciones para redactar una ley particular para los data centers están encaminadas, según el viceministro de Industria, Marco Riquelme, designado por Peña para coordinar la estrategia oficial sobre IA.

Los cambios de otras normas de carácter tributario se aprobaron con poca discusión en el Congreso, lo cual no es atípico, ya que casi todos los proyectos de relevancia presentados por el Ejecutivo logran mayoría en ambas cámaras. Incluso, legisladores opositores se inclinaron por votar a favor de la modificación del régimen de maquila, de la 60/90 -el principal régimen de incentivos económicos del país-, y también la primera ley de Ensamblaje.

Estas empresas son operadoras que no sabemos con qué compañías de Inteligencia Artificial trabajan, pero son estadounidenses

Estas tres leyes no tienen como finalidad allanarles el camino a los desarrolladores de Inteligencia Artificial, pero sí influyen de forma parcial -aunque en el caso de la ley 60/90, de manera directa- y significativa al admitir las exenciones impositivas a la importación de maquinarias.

Otra norma, aun no promulgada, es la nueva ley de Energías Renovables, que pretende ampliar la participación del sector privado en la generación de nuevas fuentes para garantizar la sostenibilidad energética del país. La incorporación del Viceministerio de Minas y Energías a la estructura del MIC, sacándolo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), permitirá centralizar los usos de la energía cuando los data centers para IA lleguen a Paraguay.

La misión de atraer inversores de la industria tecnológica

Riquelme confirmó que, en promedio, ha mantenido dos reuniones por semana en los últimos siete meses con representantes de firmas que son parte de la cadena de IA. "Estas empresas son operadoras que no sabemos con qué compañías de Inteligencia Artificial trabajan, pero son estadounidenses", aclaró el viceministro, quien afirmó que Paraguay era "team Estados Unidos". China es la otra potencia que puja por liderar la carrera de la IA, muy por encima de Europa.

Javier Giménez, titular del MIC.

Las empresas Levip, subsidiaria de X8 Cloud USA, y Boost Engenharia firmaron en setiembre un memorándum de entendimiento con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para construir un data center cada una, no sin antes apurar la evaluación de la factibilidad de suministro de energía.

El el CEO de X8 Cloud, Juan Carlos Dueñas, dijo que podrían invertir US$ 8.000 millones en desarrollo de industrias electrointensivas, que provienen de un financiamiento especial con apoyo del Gobierno de EEUU. El director de planificación de la ANDE, Francisco Escudero, dijo a LPO que el memorándum no obligaba a ninguna de las partes a celebrar un contrato de conexión y suministro eléctrico para llevar adelante el proyecto.

Las empresas de IA requieren de computadoras más caras y contratos por 20 años con la ANDE debido a la inversión elevada: US$ 40 millones por mega. Las criptomineras, en cambio, están cerrando contratos de tres o cuatro años

Lo mencionado por Rubio -que Paraguay es un destino potable para el desarrollo de IA- ya está ocurriendo, y la falta de una ley específica no es una limitante. El Gobierno recibe a las operadoras de data center con el decreto 7.824/22, que le permite a la ANDE ajustar las variables a la tarifa eléctrica de los sectores de consumo intensivo.

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Riquelme explicó que existen consumidores electrointensivos que tienen una tarifa diferencial, como las criptomineras, que hoy representan 1 giga de los 8,5 que produce Paraguay. La diferencia entre éstas y las empresas de IA es que las últimas requieren de computadoras más caras -ahí entra a jugar la ley 60/90- y contratos por 20 años con la ANDE debido a la inversión elevada: US$ 40 millones por mega. Las criptomineras, en cambio, están cerrando contratos de tres o cuatro años.

Félix Sosa y Santiago Peña.

En la región, Chile y Brasil, están facilitando las inversiones con normas laxas. En México también, especialmente en el estado de Querétaro. La investigadora de tecnologías digitales y actual senior fellow de Mozilla Foundation, Paz Peña, comentó a este medio que en Chile se instauró una política nacional de data centers. "Pero no son leyes de regulación ni para el cuidado del medioambiente, es para facilitar las inversiones, lo que ellos llaman ‘tener reglas más claras'", matizó. En Brasil aún discuten qué tipo de exenciones impositivas permitir, si bien las transiciones energéticas están haciéndose al compás de las empresas de tecnología.

Los límites de Paraguay para recibir data centers

Además de estar cerrando memorándums con empresas sin contar con una ley clara, Paraguay tiene una producción de energía aún limitada como para convertirse en un hub de inversiones en IA. Este problema es reconocido por el propio Gobierno. La nueva ley de Energías Renovables es una apuesta del Estado para fortalecer el potencial energético, un latiguillo gastado por las autoridades de turno. Paraguay y Argentina, dijo Riquelme, están trabajando para producir energía renovable no hidráulica como la solar. La idea es comprar paneles y que el sector privado participe del mercado.

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La otra alternativa pasa por la conexión de Paraguay al gasoducto de Vaca Muerta, una alternativa criticada por profesionales del sector energético que no se oponen a la llegada de capitales extranjeros para IA. El exconsejero de Itaipú y actual titular de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), Eduardo Viedma, señaló que compensar la pérdida de excedente energético -que se daría en menos de una década- mediante fuentes fósiles era un retroceso que pondría en riesgo el "sello verde" que ostenta Paraguay. Al margen, requiere de inversión y genera dependencia de Argentina, dueña de Vaca Muerta.

Sobre la participación de empresas privadas dentro del mercado energético, solo existen entusiastas en Paraguay. No hay prácticamente oposición a que el mercado eléctrico se abra al capital, a excepción de los sindicalistas de la ANDE que están en contra de la desmonopolización de la electricidad. Viedma defiende la ley de energías no renovables no hidráulicas y la modificatoria también, ahora que se aclararon los nuevos plazos, contratos entre privados y otros temas que no se habían presentado con claridad.

Gustavo Villate, titular del MITIC

"La conectividad es un factor de complejidad. La conectividad te limita porque se tiene que tener una velocidad que permita que la información vaya rápido de Paraguay a otra parte del mundo", apuntó Riquelme.

El Gobierno no tiene certezas sobre el potencial de las empresas de conectividad locales. El viceministro aseguró que los data centers se encargarán del entrenamiento de IA, que no requiere de una latencia tan alta, aunque en un futuro se podría pensar en encargarse de la inferencia. El entrenamiento es la fase inicial del desarrollo de IA en la que se dota de información a la herramienta y la inferencia es la fase previa a la entrega, que consiste en la elaboración de información nueva, basada en datos anteriores.

La conectividad es un factor de complejidad. Te limita porque se tiene que tener una velocidad que permita que la información vaya rápido de Paraguay a otra parte del mundo

Así, la tendencia consiste en esperar que las compañías interesadas desembarquen en el país. Sin una ley especial, el Estado cierra acuerdos con firmas extranjeras que, si bien no son vinculantes, dan la pauta de que la laxitud es uno de los atractivos. Pero el problema de fondo es que Paraguay no cuenta con energía suficiente para la instalación de data centers, lo que puede afectar a las industrias tradicionales que dependen de la energía eléctrica, así como el servicio para los hogares.

El propio Riquelme reconoció que los data centers no serán los que hagan la diferencia en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo. Con todo, el Gobierno privilegia la inversión extranjera, por lo cual los preacuerdos y eventuales inversiones en IA serán celebrados como logros.

Mientras tanto, las autoridades todavía no tienen muy claro el impacto de los perjuicios ambientales o la relación entre el costo ambiental y la generación de empleo, además de la poca información pública sobre cómo se darán los procesos de instalación en empresas en el país, es decir, bajo qué regímenes trabajarán, las tarifas eléctricas que manejarán y los plazos contractuales.