En Brasil, la discusión para reducir la tarifa de la Itaipú Binacional avanza dentro del Congreso. Mientras tanto, en Paraguay, el Gobierno del presidente Santiago Peña sigue sin dar pistas sobre la renegociación que definirá el futuro de la hidroeléctrica a partir de 2026. Pero la falta de discusión interna podría costarle caro al Ejecutivo, ya que los parlamentarios brasileños pretenden eliminar los gastos socioambientales del cálculo para el nuevo monto.

El silencio en Asunción contrasta con la postura de Lula da Silva, quien ya dejó en claro su intención de que la tarifa refleje únicamente los costos operativos de la binacional en 2027. Mientras la Comisión de Infraestructura del Senado brasileño debate un proyecto de ley para limitar el precio de la energía a USD 12 por kilovatio, en el Congreso paraguayo no se registra una iniciativa similar de la bancada oficialista.

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El diputado opositor Raúl Benítez prometió llevar el tema al pleno la próxima semana. "En nuestro país no hay ningún tipo de novedad al respecto. Se murió ese tema, personalmente me comprometo a retomar el tema Itaipú", dijo a LPO. Benítez es ingeniero eléctrico y uno de los congresistas que objetó parte del acuerdo firmado entre Lula y Peña en mayo de 2024.

Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio.

Benítez advirtió sobre las consecuencias de no actuar a tiempo y señaló que el acuerdo vigente entre Paraguay y Brasil, que establece una tarifa de USD 19,28 por kilovatio al mes para los años 2024, 2025 y 2026, fenecerá el año próximo. "Los gastos sociales, producto de la venta de excedente al Brasil ya ‘morirán'. Mucho más si es que no hay pasos nuevos en las negociaciones del Anexo C de Itaipú. Lo ideal es que la tarifa pase a ser el precio de costo el año que viene", apuntó.

Los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) también se mostraron preocupados por la política energética del Gobierno. Teóricamente, Paraguay usaría todo su excedente energético para 2031, pero que con las actuales concesiones a criptomineras, industrias electrointensivas y data centers, ese límite podría adelantarse, según denunciaron.

Los gastos sociales, producto de la venta de excedente al Brasil ya ‘morirán'. Mucho más si es que no hay pasos nuevos en las negociaciones del Anexo C de Itaipú. Lo ideal es que la tarifa pase a ser el precio de costo el año que viene

"Capaz que en el 2027, luego ya estemos cerca de usar todo. Y si ya no hay excedente, pues ya no hay mucho que negociar", dijo un directivo de Sitrande a este medio. Los sindicalistas aseguraron que la hoja de ruta de Peña consiste en "negociar directamente con corporaciones estadounidenses y seguir la agenda de Marco Rubio", quien meses atrás propuso convertir a Paraguay en un hub energético para data centers de Inteligencia Artificial. 

Enio Verri, director brasileño de Itaipú. 

Gentileza

Esta visión, según los dirigentes del sindicato, coincidiría con el interés brasileño de bajar la tarifa, un punto que ya se firmó en el acuerdo Peña-Lula de 2024. Con todo, la incertidumbre sobre el futuro de Itaipú genera una inquietud aún mayor por el impacto en las finanzas públicas: la caja de la binacional es clave para cualquier gobierno. 

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Sectores de la oposición y el Sitrande se preguntan cómo se cubrirán los programas sociales que actualmente se financian con los recursos provenientes de la venta de la energía, entre los que destaca "Hambre Cero". Este programa, que garantiza alimentación a más de un millón de alumnos en todo el país y representa una inversión anual de aproximadamente US$ 375 millones, depende en gran medida de esos ingresos.

A la parálisis en las negociaciones se suma la opacidad en el manejo de los recursos de la binacional. Aunque el gobierno prometió blindar desde el año pasado los fondos provenientes de la venta de excedente, nunca se creó un mecanismo de transparencia que permita rastrear el destino de los montos.