Al arrancar su mandato en agosto de 2023, el presidente Santiago Peña aceptó la oferta de Lula da Silva de enfocarse en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y postergar la discusión sobre la tarifa de compra de energía para después, no sin antes fijar temporalmente el precio en unos US$19,28 por kW/mes, aunque bajo la condición de que el valor debía reducirse a partir de enero de 2027.
Casi tres años después, las negociaciones siguen pendientes, en gran medida debido a las elecciones presidenciales en el país vecino, donde Lula busca un nuevo periodo y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, llegar al Planalto.
El tiempo electoral impide, como admiten fuentes de la binacional, tomar una decisión definitiva sobre el Anexo C, una nueva tarifa "tendiente a la baja", como pretende el Gobierno de Peña, y el futuro de los gastos socioambientales (también conocidos como los fondos sociales) de unos US$1.950 millones, establecidos para el periodo 2024-2026.
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Según dijo a LPO un miembro de la mesa técnica de Itaipú, y a pesar de la incertidumbre que provocan las elecciones, Brasil insistirá en la baja de la tarifa y ya trabaja en un borrador que llevaría el precio a US$15 por kW/mes para 2027. El costo estaría en el rango de entre US$10 y US$12 para solventar el costo operativo de la central hidroeléctrica.
Cabe mencionar que una tarifa de US$15 por kW/mes supondría aproximadamente US$750 millones, o unos R$3.900 millones, al año. Lula quiere que el futuro monto se ajuste a los costos operativos para aliviar la factura de luz que pagan los consumidores domésticos brasileños, pero en Paraguay hay temor a un ajuste a la baja que pueda privar al Gobierno de los fondos sociales.
"Las elecciones en Brasil hacen que esto aparezca en la décima prioridad de Lula. Habrá que esperar los resultados. La tendencia hoy en el lado brasileño es revisar hacia abajo la tarifa y cerrar con un periodo de tres años, como se hizo hasta ahora. Paraguay dice: veamos los números y qué proyectos vamos a hacer", deslizó un funcionario de Itaipú a este medio.
Esto ocurre, además, mientras la Comisión de Ciencia y Tecnología y los asesores de Lula debaten si la expansión de los centros de datos de Inteligencia Artificial podría elevar el consumo de agua y derivar en un aumento de los costos energéticos para los consumidores. A esto se suma el Régimen Tributario Especial para Servicios de Centros de Datos (Redata), recientemente aprobado, que contempla exenciones impositivas con un costo fiscal estimado en US$1.420 millones para el periodo 2026-2028.
"Los gastos de responsabilidad social siguen siendo una prioridad para ambos gobiernos. Itaipú es el motor del desarrollo, pero tiene rostro humano. Y dentro de la responsabilidad social existe mucho por aportar. Aparte de todas las nuevas inversiones que tienen previsto hacer ambas márgenes", agregó una fuente del lado brasileño.
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Desde el Gobierno de Peña repiten que cualquier avance se dará una vez que concluyan las elecciones, cuando Paraguay invitará a Brasil a explorar la producción de nuevas fuentes de energía, para atraer a las empresas y bloquear el crecimiento de países como Chile, que también desafían el mercado de la tecnología en la región.
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