El canciller Rubén Ramírez Lezcano recibió este lunes a su par brasileño Mauro Vieira en un encuentro que cerró la reciente tensión bilateral y permitió retomar las negociaciones en torno al Anexo C de Itaipú. El enviado de Lula da Silva entregó personalmente el informe confidencial que detalla las acciones de espionaje de la Agencia de Inteligencia Brasileña (ABIN) a autoridades paraguayas, realizadas entre junio de 2022 y marzo de 2023.

Tras una reunión privada, ambos cancilleres se presentaron ante la prensa para ofrecer una declaración conjunta en la que destacaron el fin del conflicto y el reinicio de una nueva etapa, que en realidad era volver a la buena sintonía que mantuvieron Lula y Santiago Peña hasta que la prensa brasileña reveló el caso de espionaje ilegal de la ABIN bajo los gobiernos de Jair Bolsonaro y el líder del PT. 

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Vieira no solo brindó las aclaraciones exigidas en su momento por el Ejecutivo paraguayo, sino que admitió su pesar por el impacto negativo que tuvo en la relación bilateral, justo cuando los dos socios de la binacional se preparaban para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, un documento clave que afecta, entre otras cuestiones, la definición de la tarifa. El ministro de Exteriores brasileño aseguró que Lula ya estaba implementando todas las medidas para identificar a los responsables y someterlos a la justicia.

Lula da Silva y Santiago Peña.

Frente a estas explicaciones, Lezcano adoptó una postura conciliadora. Al aceptar el informe y las disculpas formales, el canciller paraguayo dejó en claro que el Gobierno de Peña consideraba el asunto oficialmente concluido. Este cierre era un requisito indispensable para desbloquear las negociaciones en torno al Anexo C.

Las conversaciones se retomarán en la primera quincena de diciembre. Se trata de un asunto vital para los intereses energéticos y económicos de Paraguay, que había quedado en un impasse a raíz de la crisis diplomática. Pero tanto Lula como Peña necesitaban pasar de página y retomar el diálogo, sobre todo porque la oposición en Brasil quiere evaluar la conformación de la tarifa energética, algo que afecta a los dos países.

Manfrim explicó que el gobierno de Lula buscaba que la tarifa contemplase exclusivamente los gastos operacionales de la binacional. Es que tras la cancelación total de la deuda en 2023, la tarifa de la hidroeléctrica se convertió en una de las más competitivas de Brasil

 Pero en el oficialismo brasileño también se abren a ese debate. De hecho, autoridades del país vecino reiteraron en múltiples ocasiones que la tarifa de la energía producida por Itaipú debía reflejar únicamente los costos operativos a partir de 2027. Esta postura fue reafirmada recientemente por Gustavo Manfrim, subsecretario de Asuntos Económicos del Ministerio de Minas y Energía, durante una audiencia en la Cámara de Diputados.

Manfrim explicó que el gobierno de Lula buscaba que la tarifa contemplase exclusivamente los gastos operacionales de la binacional. Es que tras la cancelación total de la deuda en 2023, la tarifa de la hidroeléctrica se convertió en una de las más competitivas de Brasil. El precio se mantendrá congelado en USD 19,28 por kilovatio al mes durante 2024, 2025 y 2026, tal como fue acordado.  

Félix Sosa, presidente de la ANDE. 

Sin embargo, fuentes de la ANDE dijeron a LPO que no había que alimentar expectativas por un posible resultado de las negociaciones. "Está bien que se hayan reanudado las negociaciones del Anexo C. Lo que creemos es que se van a mantener en los términos que ya adelantaron en el acuerdo Peña-Lula", comentó un funcionario, sugiriendo que era poco probable que Brasil modificara sustancialmente su posición inicial. 

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Diputados de la oposición ya evalúan hacer un pedido al Ejecutivo, por medio de la comisión de entes binacionales, para que informe en detalle sobre el reporte que trajo Vieira. La opción más probable pasa por pedirle una reunión reservada a Lezcano para que los legisladores también sepan qué encontró Lula en su investigación interna.