
Carolina Alvarenga, funcionaria de Vox, escaló una antena para exigirle al presidente de la CompañÃa Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, que regularice los salarios atrasados. Tanto Copaco como Vox están en una situación financiera crÃtica y la alternativa que presenta el gobierno de Santi Peña es una privatización parcial.
Alvarenga, con 23 años de antigüedad en la empresa (desde la época en que Vox era privada), dijo que los atrasos llegan en algunos casos a tres meses y que la situación es insostenible. "No cobramos todavÃa nuestro salario de abril. Copaco en 2010 compró Vox y todos los presidentes de turno hicieron lo que quisieron, lo utilizaron para enriquecerse y eludir la ley de Contrataciones Públicas", apuntó una vez que bajó de las alturas.
Empleados de COPACO acorralan a Stark y promete que venderá propiedades para cubrir deudas
En enero pasado, Stark asumió como presidente de Copaco en carácter de interventor y la misión que tiene hasta el momento es recortar los gastos de la empresa. Según admitió, Copaco y Vox tienen un plantel de 2600 empleados, y cuando llegó rondaban las 3.000.
El titular de la compañÃa estatal, que la semana pasada fue increpado por funcionarios a la salida del edificio, reconoció que ambas compañÃas enfrentan dificultades financieras para el pago de salarios y lo que realizan es una modalidad escalonada por grupos, que si bien redujo el tiempo de los retrasos, aún no pudo regularizarse. Copaco tiene en marcha un plan de retiro voluntario que se extiende a Vox y, próximamente, alcanzarÃa a 570 personas.
Esto sigue siendo costoso para la empresa, porque deberá conseguir USD 7 millones para cubrir los pagos. La idea de Stark es conseguir inversiones privadas para algunos servicios que prestan Copaco y Vox o bien otorgar licitaciones en determinadas regiones para que el inversor sea quien maneje la red de fibra óptica.
Hasta el momento hay seis empresas, algunas de ellas extranjeras, que desean invertir bajo esa modalidad, pero aún esperan que la compañÃa disminuya su carga administrativa y pague sus deudas con el IPS y Tributación.
Este plan no es bien visto por los funcionarios, que ya están molestos por la renegociación del contrato colectivo que inicio la administración de Stark. La semana pasada un grupo de trabajadores no sindicalizados fueron a increparlo en su despacho para frenar el proceso de renegociación y los reproches llegaron a la calle.
Uno de los beneficios que los trabajadores aspiran a mantener es el de un pago adicional por año que se agrega al haber jubilatorio. Para Stark, este tipo de beneficio es impagable para la empresa, pero si el proceso de recuperación levanta los números, se volverÃan a evaluar una mejora de los beneficios para los trabajadores. Los sindicatos se oponen a ceder las gratificaciones y advierten a Stark de que podrÃan tomar medidas de fuerza.
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