Mientras el Gobierno de Santiago Peña busca consolidar su poderío político y económico, el principal holding empresarial opositor, el Grupo Zuccolillo, enfrenta un escenario al menos incómodo por dos hechos recientes.

Por un lado, los trabajadores de una sucursal de la cadena Biggie salieron a la calle a manifestarse, mientras que la intoxicación de un cliente de la feria Agroshopping lo llevó a la muerte. Otras cuatro personas permanecen internadas por el mismo brote de botulismo detectado en el estacionamiento del Mariscal.

Sobre la avenida República Argentina, los empleados de Biggie salieron a denunciar condiciones laborales que rayan en la explotación. En paralelo, una tragedia sanitaria vinculada a locales gastronómicos instalados en en el Agroshopping añade un frente más que los Zuccolillo seguramente preferirían prescindir.

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Los reclamos de los trabajadores van desde descuentos salariales que consideran un robo, hasta la sobrecarga de tareas que lleva a que un mismo trabajador deba ser cajero, repositor y hasta encargado de jornada. La seguridad en los turnos nocturnos, el trato vejatorio de algunos supervisores y la falta de cumplimiento de beneficios laborales completaron un pliego que expone las entrañas de una empresa que crítica con dureza al Gobierno.

Santiago Peña. 

El Instituto de Previsión Social confirmó el fallecimiento de un joven de 30 años que estaba internado en terapia intensiva por botulismo. La víctima fatal es apenas el caso más dramático de un brote que suma cuatro infectados.

Hay cinco locales gastronómicos sospechosos de ser la fuente de la intoxicación: Azucena, Conejo de piel de cordero, El chimi de Juancho, Locos por el sándwich y Pickles El Gringo; todos ellos operan nada menos que en el mercado que funciona en el Shopping Mariscal del imperio Zuccolillo.

Los reclamos de los trabajadores van desde descuentos salariales que consideran un robo, hasta la sobrecarga de tareas que lleva a que un mismo trabajador deba ser cajero, repositor y hasta encargado de jornada

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) actuó con una lentitud sospechosa: recién tomó muestras un mes después del primer caso reportado el 5 de mayo, pero finalmente clausuró los establecimientos ayer martes. El oficialismo no demoró, en cambio, en explotar los dos hechos a través de medios aliados. 

Jorge Iliou, titular de Dinavisa.

No es la primera vez que el Gobierno le planta cara al holding. La administración de Peña ya había mostrado los dientes a Biggie, que tiene el 50% de sus acciones en manos de Azeta. En aquella ocasión, Foodie, la fraccionadora de la cadena, fue clausurada y los locales sufrieron un cierre temporal hasta que retiraron de las góndolas todos los productos de esa marca.

El argumento oficial fue contundente: mercadería en mal estado, en putrefacción y una cadena de frío que brillaba por su ausencia. El Gobierno, que necesita desesperadamente afirmar su autoridad frente a los poderes fácticos tradicionales, encontró en el principal adversario empresarial un blanco perfecto.

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ABC se ha convertido en una suerte de fiscalizador mediático de los movimientos del Ejecutivo y de los miembros de Honor Colorado, con investigaciones que han golpeado la imagen presidencial y llevado a Peña al borde del banquillo. El reciente embargo ordenado por la Fiscalía al Banco Atlas -también propiedad del grupo- a raíz de la causa por supuesto lavado de dinero es visto por los Zuccolillos como parte de una persecución política.