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Stark reconoce que solo una "inyección de capital" puede salvar a Copaco, mientras los trabajadores siguen sin cobrar
Stark tuvo que vender terrenos de la empresa al MUVH para afrontar el plan de retiro voluntario. Los funcionarios amenazan con una denuncia penal por lesión de confianza y apropiación.

Para Óscar Stark, el único camino que le queda a la Compañía Paraguaya de Comunicación (Copaco) es conseguir una "inyección de capital" de un socio privado capaz de aportar recursos para salvar a la empresa estatal de la quiebra. Copaco acumula una deuda que ya supera los USD 120 millones, y sus trabajadores creen que la situación financiera abre la puerta a la privatización.

Stark, que lleva casi dos años al frente de la compañía, dijo estar en negociaciones con un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos -que prometió invertir USD 150 millones- y con la empresa estadounidense Rivada Networks. Sin embargo, la cantidad de funcionarios activos en Copaco, unos 1.700 antes del desembarco de Stark, parece ser un obstáculo para concretar un acuerdo y permitir la primera transferencia de fondos.

Un trabajador de Copaco se subió a una antena para pedir por el pago de salarios y amenzan con replicar la huelga del 2000

Para sumar a la crisis de la primera compañía pública de telecomunicaciones del país, un sector de los funcionarios de Copaco se niega a acompañar el supuesto proceso de privatización, algo que el directorio rechaza.

"El problema de Copaco es financiero y la solución va a venir de una inyección a través de la venta de activos. En ese sentido se avanzó en la venta de terrenos al MUVH, cuya cancelación sigue pendiente, y que consiste en unos G. 77 mil millones", dijo Stark a LPO.

El presidente Santiago Peña.

El presidente de Copaco también se anotó otro punto con la corrección de una ley de expropiación de otro terreno a favor del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Tadeo Rojas, que le permitió ingresar G. 14.000 millones a las arcas de la estatal. 

Pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco (Sintraco) denuncia un atraso en el pago de salarios de tres meses, unos G. 9 mil millones mensuales. La misma situación se replica con los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), con un retraso de seis meses, aunque siguen siendo descontados. El monto mensual en este caso ronda los G. 3.500 millones.

El problema de Copaco es financiero y la solución va a venir de una inyección a través de la venta de activos. En ese sentido se avanzó en la venta de terrenos al MUVH, cuya cancelación sigue pendiente, y que consiste en unos G. 77 mil millones

Sintraco evalúa presentar una denuncia penal por lesión de confianza y apropiación contra Stark, a quien achaca tanto la crisis financiera como la merma en las recaudaciones. Antes de que llegara al cargo, dijeron desde el sindicato a este medio, los ingresos de la compañía orillaban los G. 24 mil millones, pero actualmente no superarían los G. 18 mil millones.

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía.

Sintraco insiste en una presunta "campaña de privatización" del Gobierno de Santiago Peña, que incluiría además a Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa) y al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

"Se nos adeuda unos tres meses de salario y tenemos informaciones de que compañeros con un estado de salud delicado intentaron recibir asistencia en el IPS, pero se los negó porque existe una deuda de la patronal. Solicitamos la renuncia al presidente del Congreso, pero nos confirmó que Stark está blindado por Peña y no se puede hacer nada", dijo a LPO Rolando Melgarejo, secretario general de Sintraco.

La oposición denuncia direccionamiento a favor de EEUU en la licitación para el 5G

Una de las aristas que Stark viene atacando, ante la necesidad de cerrar acuerdos con potenciales inversores externos, es la reducción de los costos. Desde su asunción se han ahorrado G. 32 mil millones al año luego de achicar el plantel, ahora con 510 empleados menos. Con el saldo de la venta de tierras al Ministerio de la Vivienda, la administración de Copaco espera pagar la indemnización a otros 600 trabajadores a desvincular.

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