La disputa entre el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y el Viceministerio de Transporte volvió a escalar debido a los retrasos en el pago de los subsidios correspondientes a abril. Además, el vocero del gremio, César Ruiz Díaz, advirtió que la misma situación se dará con los buses eléctricos que ya comienzan a operar en Asunción y Central.

La deuda acumulada del Estado ronda los USD 4 millones y los transportistas salieron una vez más a cuestionar la capacidad de las autoridades para cumplir con los compromisos asumidos con el sector. Pero Ruiz Díaz fue aún más lejos y calificó de "humo al vacío" la gestión de Emiliano Fernández al frente del VMT. 

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El portavoz de Cetrapam denunció que los atrasos en los desembolsos se han convertido en una situación recurrente y amenazó con otro paro, un escenario que el Gobierno busca evitar a toda costa. En el MOPC insisten en que los pagos se encuentran dentro de los plazos establecidos, aunque el gremio asegura que la documentación disponible demuestra lo contrario.

La pulseada también alcanzó al proyecto que prevé incorporar buses eléctricos al sistema de transporte público, ya que el modelo operativo también depende de los subsidios estatales para cubrir la diferencia entre el costo real del pasaje y el monto abonado por los usuarios.

La tarifa técnica de los buses eléctricos fue fijada en G. 6.100 por pasajero: el usuario pagará G. 3.400 y el Estado cubrirá los G. 2.700 restantes mediante subvenciones.

Sin embargo, desde el gremio deslizan que los retrasos podrían afectar la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto, justo cuando el Ejecutivo acaba de anunciar que las primeras 40 unidades eléctricas ya están haciendo los recorridos pautados.

César Ruiz Díaz, vocero de Cetrapam.

Ruiz Díaz recordó que la implementación de los buses eléctricos implicó una inversión cercana a los USD 7 millones, pero los transportistas temen que el proyecto enfrente los mismos problemas administrativos y financieros que hoy afectan al transporte convencional.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había dado un paso clave para la modernización del transporte público al establecer la primera tarifa eléctrica destinada a unidades operadas mediante inversión privada. Era una cuestión central antes de echar a andar la postergada reforma del sistema, cuyo atraso le valió a Claudia Centurión una llamada de atención por parte de Santiago Peña en plena reunión de gabinete.

La medida sumó por el momento 40 buses eléctricos que serán administrados, en una primera etapa, por la empresa Ñandutí. Para el Gobierno, la definición de una tarifa específica genera condiciones más favorables para atraer nuevas inversiones privadas.

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El propio Emiliano Fernández había destacado que la llegada de estas unidades contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios gracias a los vehículos climatizados, más silenciosos y libres de emisiones contaminantes, lo que también tendrá un impacto positivo sobre la calidad ambiental de Asunción y las ciudades de Central. Pero Ruiz Díaz volvió al ruedo para pincharle el globo al viceministro.