Transportistas de la Cetrapam y la Ucetrama exigieron este jueves al Gobierno de Santiago Peña la regularización del pago del subsidio o de lo contrario tomarán medidas como la regulada o el paro "de facto". El sector denunció en conferencia de prensa que el Estado no estaba transfiriendo los montos correspondientes desde marzo y que la deuda ya alcanzó los 9 millones de dólares.
César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), y Andrés Mallada, vocero de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), apuntaron directamente a Emiliano Fernández y a Claudia Centurión como responsables.
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Los referentes de los dos gremios que aglutinan a cerca de 1.700 unidades que prestan servicio en el área metropolitana aseguraron que el Estado adeuda casi US$ 10 millones en concepto de subsidios, y desmintieron a la ministra de Obras Públicas, quien supuestamente había dicho que los pagos estaban saldados hasta mayo, cuando el último desembolso fue realizado en marzo.
Además, los empresarios, liderados por Ruiz Díaz y Mallada, acusaron al viceministro de Transporte de incumplir acuerdos cerrados hace prácticamente un año. Hablaban de un documento firmado en junio del año pasado en el que el Fernández se comprometía a actualizar los coeficientes para la tarifa técnica del precio del pasaje en el área metropolitana.
Ruiz Díaz señaló que en los últimos meses registraron retrasos sistemáticos en los subsidios, lo que repercute en el pago de salarios para los trabajadores e imposibilita costear los gastos operativos. Todo eso, sostuvo, genera riesgos de que el servicio deje de prestarse en algunos itinerarios.
Hace veinte días, los miembros del comité de tarifas volvió a recibir una promesa por parte de Fernández para la actualización de los coeficientes, que tendrían como referencia números utilizados en el sistema brasileño. Pasó el tiempo y no existen novedades. Como perjuicio inmediato, los empresarios de la Cetrapam y Ucetrama comentaron que alrededor de 500 trabajadores dejarán de operar por la falta de recursos para el pago de sus salarios.
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También adelantaron que recurrirían al Ministerio del Trabajo para que se dé la suspensión temporal de estos trabajadores, que solo podrían retomar sus puestos en el caso de que el Estado pague el dinero que debe a los empresarios. No obstante, y como contrapunto a lo que denuncian Ruiz Díaz y Mallada, las quejas sobre el mal servicio del transporte, las horas de espera, la reducida cantidad de unidades, la inseguridad y la calidad de los buses siempre van in crescendo.
El Gobierno de Peña iba a iniciar un proceso de reforma del transporte público del área metropolitana pero nunca avanzaron en nada más que una presentación de un Power Point para la prensa y los congresistas.
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