La empresa Mota Engil interpuso una demanda contra el Estado paraguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución ligada al Banco Mundial, para cobrar la indemnización por el fallido metrobús, una obra que el gobierno de Horacio Cartes prometía como emblemática y que el entonces titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, nunca culminó.

La constructora es la primera empresa portuguesa que recurre al CIADI, encargado de evaluar las disputas entre empresas privadas y Estados -mediante árbitros independientes-, siempre que los países de origen de los inversores tengan un tratado de inversión con el Estado en cuestión.

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De acuerdo al Observador de Portugal, con el cambio de gobierno en Paraguay, en alusión a la salida de Cartes y la llegada de Mario Abdo Benítez al Palacio de López, "comenzaron a surgir acusaciones cruzadas entre la empresa y el propietario del proyecto sobre quién era el responsable del incumplimiento del contrato".

El contrato se había firmado con el MOPC por un monto de USD 45 millones, pero con los sobrecostos llegó a USD 72 millones

Si bien en octubre pasado el Tribunal de Apelación de la Tercera Sala de la Capital había anulado el laudo arbitral que obligaba al Estado paraguayo a pagar USD 16 millones, incluyendo los intereses, la empresa portuguesa recurrió a una instancia internacional para conseguir la indemnización. El contrato que se había firmado con el MOPC era de USD 45 millones, pero con los sobrecostos llegó a USD 72 millones.

Marco Aurelio González.

El tribunal arbitral había sentenciado a Paraguay a pagar USD 16 millones por la demanda de Mota Engil en la causa del truncado metrobús, tras la rescisión del contrato durante el gobierno de Abdo. El fallo señalaba una "inconducta al ejecutar garantías en contra de una orden procesal porque la póliza del proyecto no era exigible en su totalidad".

Incluso, el procurador general Marco Aurelio González había responsabilizado a Abdo y Arnoldo Wiens por el fracaso del metrobús luego de haber cancelado la obra, que se inició durante el gobierno de Cartes y la administración de Jiménez Gaona al frente del MOPC.

El proyecto representaba una solución para la crisis vial en el departamento Central y Asunción, pero quedó en la nada con el cambio de gobierno en 2018. Jiménez Gaona fue acusado de pagar alrededor de USD 45 millones a contratistas y empresas por estudios de impacto para una iniciativa que no tuvo continuidad por disputas políticas.

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Para que el fallido proyecto se llevara a cabo, el gobierno de Cartes recurrió a un endeudamiento de USD 145 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. La empresa Monta Engil fue adjudicada mediante una licitación internacional. Las obras se iniciaron en la zona de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en San Lorenzo, pero después de varios contratiempos, el MOPC rescindió el contrato.