ANDE
Sosa les quiere aumentar la tarifa eléctrica a las empresas de cripto y desafía a la Fintech
La ANDE no teme posibles demandas. La cámara que reúne a las empresas del sector dicen que la decisión afectará a las inversiones en el país.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se arriesga a una guerra judicial con las empresas de criptominería tras el aumento del porcentaje de la tarifa, que pasó de 9% a 16% para el sector de consumo intensivo especial. La Cámara Paraguaya de Fintech señaló la incertidumbre que genera la medida "discriminatoria, arbitraria y desproporcionada" para el clima de inversiones que defiende el gobierno de Santiago Peña. 

En un comunicado, la cámara denunció que "Paraguay pasará de ser uno de los actores principales en el mundo de la minería de criptomonedas a uno secundario e incluso irrelevante". Pero ante este nuevo frente de conflicto con el sector cripto, desde el Senado admitieron que la decisión del Ejecutivo y de la ANDE es acertada, aunque insuficiente, y ya adelantaron que la tarifa volverá a subir.

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La resolución de la ANDE dispone la suba de las tarifas de energía luego de casi 3 años sin actualización de los costos del suministro de electricidad. La modificación de los costos tuvo un aumento de hasta un 16%, es decir, unos 65 dólares en relación con el monto inicial.

Justo Zacarías Irún, director de Itaipú.

Este reajuste se debe a la reciente definición del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (CUSE) por parte de la Itaipú Binacional, es decir, el mecanismo que fija el costo de producir la energía y por ende la contratación de potencia de la ANDE y de la Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional (ENBPar).

Según el acuerdo alcanzado por Brasil y Paraguay, el costo actual de la energía será de USD 19,28 kW/mes y regirá para los años 2024, 2025 y 2026. Para la ANDE está claro que la actualización de los costos de forma discrecional no puede ser atacada judicialmente debido a que las empresas con contrato se rigen por las tarifas vigentes y las que las sustituyan en base a la ley 966/1964.

Las empresas de minería de activos virtuales contribuyen significativamente a la economía paraguaya: USD 538 millones en infraestructura y servidores a la fecha, USD 70 millones en impuestos aduaneros por año, USD 49 millones en garantías a la ANDE a la fecha, USD 224 millones en consumo de energía por año y USD 19 millones en IVA anualmente

"Para nuestro proyecto aún es insuficiente la tarifa que se va a cobrar a las criptomineras. Según el proyecto debe subir a USD 84 MW/hora. Está súper bien lo que hizo la ANDE, pero nos parece que llegó tarde. Se perdió mucha plata hasta ahora, nos dieron la razón con lo que hicieron, porque les cobraban muy barato. Se les viene una serie de demandas porque existen contratos firmados y van a ganar las criptos, pero para los nuevos contratos se considerará la nueva tarifa", indicó el senador José Oviedo, proyectista de la ley que regula el negocio de la venta de energía a las empresas de cripto.

El senador José Oviedo.

Por su parte, la Cámara Paraguaya de Fintech, que agrupa a empresas cripto, hizo público su rechazo al aumento por carecer de fundamentos técnicos y jurídicos. El sector busc ahora abrir un diálogo "inclusivo" con el gobierno ya que "esta industria sufrió un aumento tarifario del 60% en el año 2022".

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"Las empresas de minería de activos virtuales contribuyen significativamente a la economía paraguaya: USD 538 millones en infraestructura y servidores a la fecha, USD 70 millones en impuestos aduaneros por año, USD 49 millones en garantías a la ANDE a la fecha, USD 224 millones en consumo de energía por año y USD 19 millones en IVA anualmente. Nuestro sector genera aproximadamente 1170 empleos directos", sostiene el comunicado.

El gobierno autorizó al presidente de la ANDE, Félix Sosa, a trabajar con el Congreso para frenar la instalación de granjas ilegales de criptominería que golpean a la estatal de electricidad por unos 9 millones de dólares. Incluso se aprobó un primer borrador de una ley que permitirá elevar las condenas por robo de energía hasta 10 años de cárcel.

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