Con la anuencia del presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, y un grupo de empresarios cercanos al Gobierno, Félix Giménez avanza en el proyecto que busca hacer obligatorio para todo vehÃculo, sin importar el municipio, pase por un taller habilitado para cumplir con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y acceder al carnet para circular por las rutas nacionales.
En 2014, y por iniciativa del entonces senador Eduardo Petta, el Congreso derogó la ley que exigÃa la ITV porque, si bien reconocÃa que el control de las condiciones de los autos era necesario y urgente, el proyecto estaba enfocado en fomentar un sistema de recaudación del que participaban los municipios, la Patrulla Caminera, la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC).
A pesar de la derogación, el Municipio de Asunción sigue manteniendo desde 2018 contratos con talleres que pertenecen a Miguel "Miki" Cardona, propietario de Coarco SA, y la empresa Ivesur SA del polÃtico cartista y concejal de Encarnación Diego Enrique Cabral TillerÃa. Con un contrato de diez años, estas dos firmas amasan alrededor de 5 mil millones de guaranÃes solo en la capital.
El precio que cada conductor asunceno estarÃa obligado a pagar ronda, en promedio, los 250 mil guaranÃes y hasta 400 mil guaranÃes para acceder a la habilitación, debido a la vigencia de la ley especial 881/1981 que rige en la capital y establece el precio de la patente del rodado en base a lo declarado previamente en la aduana.
"Esto es una cadena de negocios. Primero la Agencia Nacional de Tránsito no está habilitada legalmente para impulsar el ITV. La cadena de recaudación iniciarÃa desde la Patrulla Caminera, la DINATRAN y los municipios. TendrÃan que preocuparse por instalar nuevos exámenes fÃsicos a conductores de carga pesada que impulsen este nuevo sistema de recaudación", comentó Federico Fernández, exfuncionario del área.
A nivel paÃs son solo dos las empresas que tienen la exclusividad de instalar talleres con los requerimientos necesarios, entre ellas Coarco, que sigue bajo administración de la familia Cardona, especÃficamente de José Luis y Miki.
El expresidente de Olimpia también se vio beneficiado con el programa Hambre Cero en Asunción, Central y Presidente Hayes a través de su empresa Comepar SA. Cardona obtuvo cuatro lotes por un valor de 250 millones de dólares, esto es, el 65% de los 370 millones de dólares previstos en la licitación impulsada por el ministro Tadeo Rojas.
La otra empresa potencialmente beneficiada por la ITV serÃa la de Cabral. El concejal encarnaceno tiene hoy la administración de la firma Ivesur tras conseguir durante la gestión de César Oviedo en el Ministerio del Ambiente (MADES), en 2022, una adjudicación por 32 mil millones de guaranÃes para su consorcio Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV).
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VTV provee el servicio de control de emisiones de gases contaminantes de fuentes móviles y, de hecho, sigue en vigencia hasta 2025, de acuerdo al contrato N°22/2022 disponible en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Sin embargo, a causa de la pandemia, habÃa sido postergado y se desconocen nuevas ejecuciones dentro del plan de cumplimiento de la ley de la Calidad del Aire.
De acuerdo a altas fuentes de la intendencia de Asunción, la intención de Bachi de impulsar la obligatoriedad de la ITV busca consolidar un sistema de recaudación por medio de la inversión privada de empresarios que ya cuentan con adjudicaciones millonarias en el Estado. Por años el Clan Núñez controla la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) que expide el carnet de conducir en todos los municipios del paÃs.
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