Frente al paro de transportistas previsto para el próximo lunes, el gobierno quedó en evidencia, sin un plan a la vista para paliarlo, mientras la oposición busca capitalizar la crisis en el servicio y avanza con una alternativa para resguardar a los usuarios del área metropolitiana de Asunción. 

El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, propuso establecer intinerarios alternativos para resistir a la presión de los empresarios. En el medio, el gobierno y los transportistas siguen negociando en la mesa de diálogo, pero no sé está logrando desactivar el paro marcado por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).

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Aproximadamente el 80% de los buses estarán fuera de circulación la próxima semana. Ante la ausencia de un plan de contingencia del Ejecutivo, Estigarribia y el diputado Raúl Benítez (Encuentro Nacional) presentaron un mapa por donde los buses que sí estarán en circulación deberían pasar para recoger a la gente que tiene que ir a trabajar o a estudiar.

El diputado Raúl Benítez. 

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Según Benítez, el gobierno podría cubrir buena parte de la demanda con 300 unidades disponibles. El reclamo de la Cetrapam, que hasta el momento es la única organización de peso que va a paro -la más importante en número de buses-, es que el subsidio está atrasado desde febrero y aparte pide que se reajuste el monto que le asigna el consejo de tarifas.

El titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, había comentado que desde que comenzó este gobierno hubo promesas para ir amortizando todas las deudas, si bien ese escenario no ocurrió. Está mañana los activistas de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) presentaron una denuncia penal contra Cetrapam y sus autoridades por amenazar con el paro para obtener un aumento del subsidio sin haber invertido el dinero en algún tipo de mejora del servicio.

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"Nosotros defendemos el derecho al paro, es algo que está consagrado en la Constitución y en el Código Laboral. No obstante, en esta ocasión se hace evidente que utilizan este mecanismo para chantajear al Estado", agrego el abogado patrocinante, Jorge Rolón Luna. 

El viceministro de Transporte, Emiliano Rolón, había pedido a los transportistas que abandonaran la medida de fuerza y se sentaran a negociar el coeficiente del combustible, parte de la tarifa que los empresarios buscan incrementar. La incidencia de este ítem en la estructura de la tarifa es la más importante porque el combustible representa el 70% del costo del servicio de transporte público.