El senador Dionisio Amarilla adelantó que presentará un proyecto para investigar los supuestos abusos de las principales empresas de telefonía y otras prestaciones de servicios concesionados, reavivando la guerra contra el Grupo Zuccolillo.

La propuesta consiste crear una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para analizar los presuntos comportamientos abusivos de las telefonías sobre las transferencias denominados giros, servicios de internet y TV por cable, especialmente de las empresas Tigo y Personal, propiedad de Natalia Zuccolillo.

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"Presentaré propuesta para investigar abuso de las telefónicas Tigo y Personal y otras en prestaciones de servicios concesionados. Llueven las denuncias de mala señal de internet en todas sus modalidades, televisión por cable y saldos que no duran", apuntó el senador liberal en sus redes sociales.

Presentaré propuesta para investigar abuso de las telefónicas Tigo y Personal y otras en prestaciones de servicios concesionados. Llueven las denuncias de mala señal de internet en todas sus modalidades, televisión por cable y saldos que no duran

Supuestamente, las denuncian de los usuarios también incluyen las cargas administrativas por días de retraso respecto a la fecha que fijan como límite para pagos, además de presuntas desvinculaciones de contratos y numerosos trámites burocráticos para dejar de operar con ambas telefonías.

Además, en junio pasado la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) impuso una sanción de 1.000 jornales mínimos, equivalentes a G. 107.627.000, a la cadena de tiendas Biggie SA, tras constatar una serie de infracciones en varias de sus sucursales. Otra empresa sancionada económicamente fue Núcleo SA, operadora de la telefonía Personal, con 500 jornales mínimos. En ambas compañías Zuccolillo es accionista.

Recientemente Amarilla estuvo como miembro de la Comisión Bicameral de Investigación y volvió a reflotar el caso de Banco Atlas y Gil­berto Suárez, supuesto testaferro del capo narco Luiz Carlos da Rocha, alias "Cabeza Branca". La entidad es propiedad del Grupo Zuccollilo y el senador aliado del cartismo, reflotando la vieja enemistad entre ambos sectores.

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La comisión definió tres ejes principales como puntos de investigación, como el lavado vinculado al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro. En segundo lugar, el lavado de activos provenientes del tráfico de armas y, por último, el lavado derivado de actividades ilícitas, blanqueados e ingresados al sistema financiero por medio de bancos y empresas.

Incluso, a inicios de este año, el presidente Santiago Peña abrió fuego directamente contra Zuccolillo y su grupo empresarial tras la investigación sobre su casa en San Bernardino, que abrió la posibilidad de plantear una ley de medios desde el Gobierno, pero la iniciativa finalmente no prosperó.