El consorcio SC IV, integrado por las empresas Cardiotecq y Samaja, fue beneficiado con un millonario contrato en el Ministerio de Justicia para la cobertura del seguro médico tras varias irregularidades en el proceso de licitación durante la administración del exministro Ángel Barchini. La propia Dirección de Contrataciones Públicas se habría prestado al direccionamiento.

Los "asegurados" no pueden consultar con especialistas porque el Sanatorio Español, que forma parte del consorcio, no cuenta con los profesionales necesarios. El monto del contrato por un mínimo de G. 34.000 millones y un máximo de G. 68.000 millones rige hasta enero 2026. SC IV aparece como uno de los mimados del Gobierno porque tiene varios contratos con distintas instituciones del Estado.

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El pliego de bases y condiciones fue modificado en tres ocasiones, entre mayo y junio de 2023, luego de una denuncia presentada por Cardiotecq sobre un supuesto amaño en la licitación, pero en realidad el objetivo era dilatar el proceso porque el mandato de Mario Abdo Benítez estaba llegando a su fin. Una vez que asumieron las nuevas autoridades, con Santiago Peña a la cabeza, se aceleraron las maniobras para la adjudicación al consorcio.

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Al momento de presentar la denuncia, la empresa Cardiotecq tampoco reunía las condiciones técnicas para presentarse a la licitación y ofrecer el servicio, en caso de hacerlo (para entonces no se había presentado al concurso). Ante esta situación, se presentó la primera solicitud para modificar el pliego de bases y condiciones al Ministerio de Justicia. Incluso, al momento del proceso, Cardiotecq solo tenía tres meses de actividad ya que anteriormente distribuía instrumentos de laboratorio.

Se presentó la primera solicitud para modificar el pliego de bases y condiciones al Ministerio de Justicia. Incluso, durante este proceso, Cardiotecq solo tenía tres meses de actividad porque anteriormente distribuía instrumentos de laboratorio

Cardiotecq no tenía la experiencia, ni la capacidad técnica o financiera para poder adjudicarse una licitación como la del Ministerio de Justicia. Sin embargo, los representantes de la empresa presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que salió a su favor, a pesar de las irregularidades durante todo el proceso.

El mismo día en que fue presentada la denuncia a la Dirección de Contrataciones Públicas se suspendió la apertura de sobres. Esto se dio a pesar de que los demás oferentes presentaron todas las documentaciones necesarias. Días después, Cardiotecq, ya como otro oferente, presentó los requerimientos, pero violando las exigencias de Contrataciones Públicas. Los afectados presentaron sus reclamos al Ministerio de Justicia, sin éxito alguno.

De hecho, el comité de evaluación estaba integrado por Jesús Villalba, mano derecha de Barchini. El otro integrante era Jorge González Barchini, sobrino del ahora exministro. Como principales representantes de Cardiotecq figuran Óscar Bernal y su hija Romina Bernal. A pesar de las denuncias en su contra, la empresa sigue ganando licitaciones, lo que aumenta las sospechas de vínculos entre Cardiotecq con Barchini, quien firmó el contrato apenas asumió el cargo.

 El Comité de Evaluación estaba integrado por una persona identificada como Jesús Villalba, mano derecha en aquel entonces del ministro Ángel Barchini. El otro integrante era Jorge González Barchini, sobrino del ahora exministro. Como principales representantes de la empresa Cardiotecq figuran Óscar Bernal y su hija Romina Bernal

El Sanatorio Español es el que presta el servicio a los funcionarios del Ministerio Justicia mediante el seguro médico de Cardiotecq, pero el centro asistencial ni siquiera cuenta con los profesionales necesarios. Tampoco aceptan el diagnóstico de un médico de cabecera cuando un asegurado desea consultar o seguir un tratamiento, a pesar del millonario contrato con el Estado por el seguro.

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Los funcionarios del Ministerio de Justicia afectados por las falencias en el servicio ofrecido por Cardiotecq-Samaja acusan al Español de jugar con la desesperación de la gente y a pesar del pago hecho por el Estado para los trabajadores, que terminan recurriendo a los hospitales públicos. Hasta el momento no hay respuesta del Gobierno y los funcionarios siguen padeciendo las precariedades del servicio del consorcio.

En muchos casos los afectados son obligados para acudir al Español, donde generalmente las citas médicas son suspendidas por diferentes motivos, ausencia del personal o directamente porque no cuenta con los profesionales requeridos, como se estableció en el pliego de bases y condiciones de la licitación. A pesar de estas irregularidades, la empresa también fue adjudicada en otras licitaciones del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).