La Contraloría General de la República se expidió sobre la adjudicación de la banda 5G impulsado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y descartó recomendar la anulación o suspensión del proceso. Camilo Benítez dijo que la decisión se encuadraba dentro de las facultades técnicas y administrativas del ente regulador, aunque dejó en claro que la etapa determinante sería la ejecución contractual.
El informe pone el énfasis en verificar que la empresa adjudicada, Nubicom Paraguay SA, cumpla con los compromisos de inversión y despliegue asumidos tras hacerse con la licencia. El contralor pidió a Conatel que reforzara sus mecanismos de monitoreo continuo, reportes periódicos, mediciones técnicas especializadas e inspecciones presenciales para garantizar la trazabilidad y el respaldo documental.
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El dictamen también establece que, ante eventuales incumplimientos totales o parciales, Conatel deberá activar los procedimientos administrativos y las sanciones previstas por ley, incluida la posibilidad de rescindir la licencia.
No obstante, la Contraloría señaló aparentes irregularidades en la verificación de algunos requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones, como la acreditación de un número mínimo de clientes activos en el exterior. Según el informe, no se habría podido comprobar plenamente el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de Nubicom Paraguay, cuya empresa matriz se encuentra radicada en Argentina.
Por su parte, el presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte, prometió aplicar sanciones si se confirma, a partir de la fiscalización, algún incumplimiento. El proceso continúa bajo seguimiento, con el foco puesto en el control técnico y las obligaciones contractuales vinculadas al despliegue de la red 5G en el país.
Se estima que la recaudación del Estado por la concesión de la tecnología 5G alcanzaría alrededor de USD 4 millones, una cifra considerablemente inferior a los aproximadamente USD 200 millones obtenidos durante el proceso de adjudicación del 4G entre 2015 y 2017.
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Uno de los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones exigía contar con una base mínima de 100.000 clientes nacionales e internacionales. Para entonces, Nubicom no alcanzaba ese volumen con el servicio que prestaba en la provincia de Salta.
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