Los principales gremios del sector de la construcción advierten sobre una situación financiera crítica derivada de la falta de pagos del Estado por obras públicas ya ejecutadas. Las cámaras que representan a más de un centenar de empresas sostienen que el retraso en los desembolsos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) generó un escenario que califican como un "default selectivo interno". A la par, la deuda con las farmacéuticas sigue creciendo y llega a USD 1.000 millones.

El pronunciamiento fue emitido de manera conjunta por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (Cpcpya), que alertaron acerca del impacto de la falta de pagos en la estabilidad del sector. Según las organizaciones, varias empresas enfrentan actualmente dificultades financieras severas.

De acuerdo a los gremios, el déficit real proyectado para 2026 en materia de compromisos con el sector infraestructura asciende a USD 590 millones, una cifra que refleja la magnitud de las obligaciones pendientes por parte del Estado. Las constructoras continuaron la ejecución de obras estratégicas financiando gran parte de los trabajos con créditos bancarios.

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En ese contexto, los pagos parciales realizados hasta ahora resultan insuficientes para cubrir los costos financieros derivados de esos préstamos, lo que agrava la situación de las empresas que participan en proyectos de infraestructura vial y civil. Además, no pocos intendentes dijeron a LPO que el MOPC no responde a los pedidos de ayuda para finalizar obras en sus ciudades. 

Además, tanto Capaco como Cavialpa cuestionaron el mecanismo de factoring planteado como alternativa para financiar los certificados de obras pendientes. Desde el sector consideran que ese esquema no representa una solución para las constructoras.

María Teresa Barán.

Los gremios también alertaron que la situación puede afectar la percepción de seguridad jurídica y confianza de los inversionistas, en un momento en que el país busca consolidar su atractivo para el capital internacional, y sobre todo cuando los inversores no solo observan indicadores macroeconómicos como el crecimiento o el grado de inversión, sino también el cumplimiento de los compromisos del Estado con el sector privado.

La problemática de atrasos en los pagos del Estado no se limita al sector de la construcción y también alcanza a otras áreas clave de la economía. Desde la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA) señalaron que el Ministerio de Salud Pública mantiene una deuda cercana a USD 1.000 millones con el sector, de los cuales alrededor de USD 650 millones corresponden a medicamentos ya vencidos. Los compromisos de pago que habían sido asumidos a comienzos de año no se concretaron, lo que genera una situación financiera delicada para las proveedoras.

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Las farmacéuticas aseguraron que el retraso en los desembolsos se volvió difícil de sostener y que la falta de pagos afecta la capacidad de abastecimiento de medicamentos, insumos hospitalarios y equipamientos médicos, lo que impacta en las empresas del rubro y también en los proveedores que participan en la cadena de suministro del sistema de salud.

El presidente Santiago Peña reconoció que la situación del sistema de salud era compleja, aunque evitó hablar de cambios dentro del gabinete. El mandatario sostuvo que los ministros continúan en sus cargos con su respaldo, pero también dejó abierta la posibilidad de ajustes en el equipo, ya que la continuidad de los funcionarios depende de la evolución de la gestión.

Peña también descartó una reforma tributaria, como propuso el senador Silvio "Beto" Ovelar en la sesión extra del miércoles, y prometió pagar las constructoras y farmacéuticas con los frutos del "crecimiento económico" y la "contención de los gastos corrientes".