El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) cuestionó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a los gobiernos municipales, entre ellos al de Asunción, por el mal estado de las calles, ya que el deterioro afecta la operatividad de los buses y también a los usuarios por la disminución de las frecuencias.
Llamativamente, la crítica del gremio más grande de los transportistas llega en un momento sensible para el oficialismo, sobre todo con las elecciones del 4 de octubre a la vuelta de la esquina. En los comicios municipales, la campaña de los candidatos suele estar marcada por las promesas de mejorar las calles y el tránsito.
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"Los baches profundos generan impactos que ningún bus puede soportar de forma repetitiva sin consecuencias. Cada golpe acelera el desgaste de la suspensión, la dirección, los ejes, los neumáticos, las llantas y la estructura del vehículo. Invertir en infraestructura vial significa menos tiempo en el taller y más tiempo prestando servicio a los pasajeros", dice el posteo que Cetrapam subió a X.
Además, la publicación de Cetrapam, en tono irónico, también se da en medio de la denuncia de un supuesto esquema de venta de asfalto municipal a empresas privadas en detrimento de la reparación de las calles capitalinas, algo que según el gremio tiene directa incidencia en el estado de las unidades que operan en Asunción.
En la misma línea, el reclamo de Cetrapam es un palito al Plan 1000, presentado como uno de los principales programas del Gobierno de Santiago Peña para mejorar las calles en las ciudades del interior, con 1.000 kilómetros de empedrado y asfalto financiados por la Itaipú Binacional. Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, está al frente del Plan 1000.
La inversión. estimada en USD 100 millones, prevé la ejecución de obras en los 263 municipios, incluyendo ciertos tramos de Asunción. En su momento, el Ejecutivo había señalado que el plan permitiría mejorar la conectividad, aliviar el tráfico y ofrecer condiciones más seguras para los transeúntes.
En ese contexto, el posteo de Cetrapam dejó en claro que hasta el momento no se tienen los resultados esperados, ya que el deterioro de la infraestructura vial continúa provocando problemas mecánicos, mayores costos de operación y demoras en los recorridos.
La relación entre el Gobierno y los empresarios del transporte público se vio tensionada en los últimos años por las acusaciones de retraso en el pago del subsidio. El Ejecutivo apunta a los empresarios del sector por recurrir a las reguladas para presionar por el cobro, pero los transportistas sostienen que las deficiencias en la prestación responden justamente a problemas financieros derivados de las demoras en los desembolsos.
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El Viceministerio de Transporte, a cargo de Emiliano Fernández, abrió sumarios y sancionó a las empresas que incumplieron con la frecuencia establecida. La medida provocó una mayor tensión y resintió el apoyo a la reforma del transporte, considerada estratégica por el Gobierno de Peña.
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