La Unión Industrial Paraguaya (UIP) cuestionó la licitación y posterior adjudicación de la Itaipú a una empresa china ubicada en Ciudad del Este por un monto estimado de USD 35 millones para proveer mobiliarios escolares, si bien la firma se dedica a la importación de frazadas y no tiene experiencia probada en el rubro.
El gremio exigió que el Estado dé prioridad a las empresas locales en las licitaciones públicas para que las compras sean el motor de desarrollo del país, ya que la industria nacional podría generar miles de empleos y necesita participar también de los procesos para la provisión de servicios y productos.
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"Cuando el Estado prioriza la producción local no solo fortalece la industria nacional, sino que genera empleo formal y contribuye a la consolidación de una economía más sólida y sostenible. Instamos a las autoridades a reconsiderar esta decisión y a colocar a la industria paraguaya en el centro de estas inversiones", reza parte del comunicado de la UIP.
De acuerdo a la denuncia del sector industrial, con los metalúrgicos a la cabeza, el pliego de bases y condiciones de la licitación estaba direccionada para beneficiar a empresas extrajeras, como terminó sucediendo, al limitar la participación de compañías nacionales con capacidad técnica y operativa para proveer bienes y servicios de calidad.
"Las compras públicas destinadas a la educación cumplen un rol fundamental, tanto en la provisión de insumos esenciales como en la generación de oportunidades laborales y ante esta situación consideran prioritario el impulso a la industria paraguaya, que está a la altura de los requerimientos y merece ser tenida en cuenta en este proceso", según la UIP.
En su momento se postergó la licitación sin justificación alguna para, de forma sorpresiva, llamar nuevamente en diciembre pasado. Se dio un solo día a las empresas paraguayas para presentar y mostrar los bienes, pero con especificaciones diferentes, aparentemente para que no tuvieran tiempo de fabricar las muestras.
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La empresa adjudicada para la provisión de muebles escolares por un monto de USD 35 millones es Kamamya. La compañía es parte del grupo Qin Yi América SA, con sede regional en Ciudad del Este, de acuerdo a los datos brindados por la Itaipú, a cargo de Justo Zacarías Irún.
Los representantes de la compañía son Lisa Jiang Juying y Long Juang, quien tiene vínculos cercanos con el vicepresidente Pedro Alliana y el abogado Blas Pereira, nexo entre los empresarios y las licitaciones del Estado. También tiene una relación de amistad con el segundo del Ejecutivo.
La empresa Hoashi, que forma parte del grupo Qin Yi América SA, fue denunciada en varias ocasiones por supuestos abusos laborales aunque, a pesar de esta situación, sigue obteniendo millonarios contratos con las instituciones del Estado, aparentemente por la cercanía de los emisarios de Alliana, algo que el vice nunca reconoció ni desmintió.
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