Las bases sindicales de los funcionarios públicos y las centrales de trabajadores del sector privado están preocupadas por las medidas que impulsa el gobierno desde el Ministerio de EconomÃa, sobre todo en relación con el Presupuesto General de la Nación 2025, y que promete una reducción de partidas en Educación y Salud.
Los gremios también rechazan la anunciada reforma del Código Laboral que amenazan la estabilidad laboral. Ante esta realidad va tomando forma un gran frente social, sindical y de jubilados que busca alistar a las bases de cara al segundo año de mandato de Santiago Peña. Del estado de alerta ahora quieren pasar a una movilización para medir fuerzas.
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Concretar la unidad de toda la fuerza laboral del paÃs, sin importar si es pública o privada, es clave para impedir que el gobierno "les madrugue" con la aprobación de la reforma laboral, como ocurrió con la ley de la Superintendencia de Jubilaciones, y resguardar los derechos adquiridos y establecidos por la Constitución.
En este sentido, Eduardo Ojeda, coordinador de la Corriente Sindical Clasista, confirmó que será parte del Frente Sindical. La convocatoria está prevista para este viernes 11 de octubre y los trabajadores se movilizarán hasta la sede de la Caja de Jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) y las oficinas de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
"No queremos que nos madruguen nuevamente como ocurrió con la ley de la Superintendencia. Ahora nos encontrarán en las calles y peleando juntos", dijo a LPO MarÃa Stela Invernizzi del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
Este frente plantea abrir el debate social o bloquear la puesta en marcha de reformas "sin consenso". De acuerdo al comunicado emitido por la organización, la modificación del Código Laboral intenta avanzar hacia la eliminación de conquistas históricas como las vacaciones pagas, la libertad sindical, el salario mÃnimo legal, las 8 horas laborales y el derecho a la huelga, algo que el gobierno niega.
Derlis se gana a los sindicatos y funcionarios del MEC tras quedarse con la ley del Servicio Civil
Los sectores que marcharán también apuntan al proyecto de ley del Servicio Civil, que tendrÃa como objetivo meter mano a las garantÃas laborales de los funcionarios públicos a través del despido sin indemnización y la eliminación del contrato colectivo en el Estado.
En relación con el PGN 2025, el sector docente y el administrativo admitieron que no cuentan con herramientas para frenar el plan del gobierno de aplicar recortes en Educación, pero resolvieron patear la discusión para marzo, y asà seguir renegociando el cumplimiento de sus reivindicaciones.
"Nosotros ya no tenemos chance en el debate del presente año. Pero nos vamos a movilizar ya desde este mes. Nos unimos al bloque del Frente Social para tener mayor fuerza. Analizamos utilizar la última ventana en marzo para conseguir algunos recursos", comentó a este medio Rubén Irala del Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación.
Dentro de las banderas que defenderán los gremios se encuentra la Caja Fiscal y el IPS, considerados una "timba pública". Los organizadores cuestionan la creación de la PolicÃa Tributaria que busca la formalización del mercado. A criterio de las mipymes será utilizada como fuerza represiva contra los pequeños contribuyentes y no para perseguir a los empresarios que evaden impuestos. Tampoco apoyan el proyecto del Registro Unificado Nacional (RUN), porque dicen que desencadenará un caos jurÃdico que solo beneficiarÃa a los especuladores de tierra.
"La única forma de frenar la violencia de Santiago Peña contra los derechos de los trabajadores es salir a las calles. Este gobierno está atacando los derechos laborales para servir en bandeja la cabeza de los obreros a los empresarios y agroexportadores más corruptos del paÃs", sostuvo Ojeda. Como se detalla desde la organización de la marcha, las reivindicaciones -al igual que las sospechas- son muchas.
La primera movilización está llamada para las 09:00 horas en la capital y en diferentes puntos de paÃs para rechazar las acciones impulsadas por el gobierno de Peña, que de acuerdo al comunicado busca desarticular a la sociedad paraguaya y destruir las garantÃas básicas que están contempladas en la Constitución.
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