La falta de pagos del Estado al sector de la construcción derivó en la paralización de al menos 17 obras y en una creciente presión financiera sobre las empresas contratistas. La deuda acumulada asciende a unos US$ 200 millones en certificados pendientes de pago y US$ 110 millones en intereses. Varios proyectos son considerados estratégicos por el Gobierno, especialmente en educación y rutas, pero la realidad indica otra cosa.

El deterioro del flujo financiero ya tiene efectos concretos en distintos frentes, incluyendo proyectos vinculados a infraestructura vial, sanitaria y educativa. En este contexto, seis empresas constructoras recurrieron a la convocatoria de acreedores como mecanismo para reordenar sus compromisos ante la falta de liquidez.

Las constructoras convocan a acreedores por falta de pago del MOPC y ya hay 50.000 empleos perdidos

Entre las obras afectadas se encuentran proyectos ejecutados para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Instituto de Previsión Social (IPS). Las intervenciones incluyen mantenimiento hospitalario, construcción de centros educativos y ejecución de tramos viales estratégicos.

En el ámbito educativo quedó suspendida la construcción y reparación de infraestructura en 43 colegios técnicos impulsados por el MEC. Las obras estaban a cargo de las empresas Ascent SA, Consorcio MEC, Diego Rafael Beconi Ochipinti y Las Cumbres SA, y formaban parte de un plan de fortalecimiento de la educación técnica.

En el ámbito educativo quedó suspendida la construcción y reparación de infraestructura en 43 colegios técnicos. Las obras estaban a cargo de las empresas Ascent SA, Consorcio MEC, Diego Rafael Beconi Ochipinti y Las Cumbres SA, y formaban parte de un plan de fortalecimiento de la educación técnica

En el sector vial se frenaron múltiples tramos gestionados por el MOPC. Entre ellos el tramo San Juan-Ybyraty y el Plan Central 2, ejecutados por Construpar, Tecsul y Caldetec; el tramo San Lorenzo correspondiente al Consorcio Ybera; y los tres lotes de San Juan Misiones, adjudicados a MM, Construpar y Tecsul.

También se encuentran detenidos los trabajos en los lotes 1 y 2 de Graneros del Sur, a cargo de EDB y Concret Mix, respectivamente, así como el tramo Villeta km 40-Alberdi, ejecutado por ICSA, DC, TR y Vialtec.

La ministra de Salud, María Teresa Barán.

A esto se agregan intervenciones viales como la Ruta 12 (Lote 4), parcialmente paralizada, y distintos tramos de los programas Plan Central 1, 2, 3 y 4, que incluyen obras en Itá, Lambaré, Itauguá, Ypacaraí, Luque y Nueva Asunción. Todas promocionadas como "fundamentales" por la ministra Claudia Centurión.

El listado de obras en pausa contempla además contratos específicos como el LPN 48/2024 para mantenimiento y reparación edilicia de hospitales en el departamento Central y Capital, y el LPN 69/2023, ambos correspondientes al Ministerio de Salud. El IPS tampoco se queda atrás, ya que se encuentra afectada la obra del geriátrico "Amadeo Buongermini", a cargo del Consorcio ALCH.

El conjunto de proyectos frenados refleja el impacto de la falta de pagos en distintos niveles de las obras de infraestructura, lo que golpea tanto la continuidad como la operatividad de las empresas contratistas. Incluso, en algunas constructoras hay salarios caídos de hasta cinco meses, algo que afecta mayormente a los trabajadores de menos ingresos.

Centurión va a pagar la deuda con las constructoras mediante factoraje y emisión de bonos

A pesar de la situación crítica, Centurión negó la paralización de las obras y dejó en claro que solo una de las empresas comunicó oficialmente el parate. Sin embargo, la ministra reconoció que la realidad respondía a la falta de desembolsos mensuales y a la existencia de una "deuda flotante" dentro del sistema.

Hasta el momento, seis empresas constructoras acudieron a la convocatoria de acreedores ante la falta de pagos por parte del MOPC. La situación ya impacta en el empleo, ya que más de 50.000 puestos fueron destruidos en los últimos meses. La reducción responde directamente a la menor actividad y a la suspensión o ralentización de obras.