El presidente Santiago Peña, a través del Ministerio de Economía, pidió al Senado que trate un proyecto de ley para aprobar un crédito de USD 400 millones del Fondo Monetario Internacional. El apoyo financiero que ofrece el organismo multilateral tiene como concepto el uso para la "sostenibilidad ambiental", pero el Gobierno busca destinar parte de los recursos para reestructurar su deuda.

El nombre oficial del proyecto es "Que aprueba una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro" que está bajo el programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI. El programa ofrece financiamiento a largo plazo a países que lleven a cabo reformas que reduzcan los riesgos para la estabilidad de la balanza de pagos, incluidos los relacionados con el cambio climático y la preparación para futuras pandemias.

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Dentro de las reformas que pueden hacerse con el préstamo figuran las políticas ambientales, como reforzar la resiliencia de las inversiones públicas, contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y ampliar la matriz energética limpia del país, descarbonizar la economía, conservar los bosques y mejorar la gestión de residuos.

Carlos Fernández Valdovinos.

El cuestionamiento que existe al proyecto guarda relación con que el Poder Ejecutivo busca que se apruebe la línea crediticia y que luego sea el Ministerio de Economía el que determine dónde ubicar esos recursos. Preliminarmente, la cartera a cargo de Carlos Fernández Valdovinos estaría distribuyendo parte del dinero a inversiones de capital relacionadas con el programa establecido por el FMI, aunque utilizará otra parte para la reestructuración de la deuda.

El pago de la deuda no es irregular porque el programa permite el reordenamiento macroeconómico del país beneficiario. Como el Ministerio de Economía es el único órgano en tomar intervención sobre el destino de la deuda, el Ejecutivo estaría pasando por encima del Congreso, que es el encargado de elaborar el presupuesto

El pago de la deuda no es irregular porque el programa permite el reordenamiento macroeconómico del país beneficiario. Como el Ministerio de Economía es el único órgano en tomar intervención sobre el destino de la deuda, el Ejecutivo estaría pasando por encima del Congreso, que es el encargado de elaborar el presupuesto general.

El préstamo que persigue Peña tiene las siguientes condiciones: años de plazo, incluyendo un año y medio de gracia, y una tasa de interés que, sumando el margen de puntos básicos sobre la tasa de los Derechos Especiales de Giro y puntos básicos por comisiones, se sitúa en torno al 5,4% anual.

Kristalina Georgieva, directora del FMI. 

AP

Según la economista Sarah Zevaco, los DEG representan una medida prevista por los estatutos del FMI, que consiste en la emisión de liquidez (montos valorados en DEG, considerado una moneda) que son otorgados a los bancos centrales de todos los países miembros del Fondo, en forma proporcional a sus aportes.

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Zevaco explicó que los bancos centrales, en cada país, deben informar la disponibilidad de esos montos para que los poderes del Estado definan en qué usarlos, es decir, si los colocan en sus reservas internacionales, por ejemplo, o si los gastan para apuntalar políticas públicas vía el presupuesto de gastos, o incluso dejarlo como aporte al FMI.