El Gobierno de Santiago Peña abrió un frente de conflicto con la Receita Federal de Brasil que enfrenta a pequeños importadores, comerciantes y camioneros de Ciudad del Este y Presidente Franco con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio de Industria y Comercio. El negocio de los despachos menores, que mueve alrededor de 10 millones de dólares al año, está en riesgo luego de Óscar Orué y Javier Giménez propusieran convertir a todos los despachos en mayores.

El cambio en el esquema de importaciones y exportaciones, según los perjudicados, beneficia a la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que tras la llegada de Peña al Palacio de López viene ganando cada vez más fuerza en la frontera. La UIP quiere avanzar ahora en su plan de acaparar todas las operaciones comerciales fronterizas por medio de los puertos privados, a pesar de la preocupación por los débiles controles al contrabando que denuncia la Receita Federal, la institución brasileña a cargo de los registros aduaneros.

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"Al final, los brasileños son los que están a favor de los comerciantes independientes. Nuestro gobierno a toda costa intenta hacer ganar a la UIP", indicó a LPO un comerciante de la zona. Los comerciantes y camioneros organizados denuncian que la UIP impulsa reformas en los despacho aduaneros en alianza con la DNIT y Comercio. La idea del Gobierno central es eliminar la definición de despachos menores y dejar solo los mayores, lo que dejaría el negocio en manos de los grandes importadores.

César "Landy" Torres, gobernador de Alto Paraná. 

Este rubro de importación legal responde a la demanda de los comerciantes que suelen adquirir pisos e inodoros en Brasil para pasarlos al lado paraguayo. La importancia y el traslado de mercaderías alimenta a más de 5 mil familias de este lado de la frontera. Por esta razón, las autoridades de Presidente Franco y Ciudad del Este, con el apoyo de los concejales departamentales, pidieron al gobernador César "Landy" Torres que advirtiera a Peña sobre el peligro para la supervivencia de las pequeñas economías familiares.

Para esta tarde está fijado un encuentro entre el director de Aduanas de Ciudad del Este, Alcides Ramón Brizuela Pereira, y autoridades departamentales, concejales y organizaciones de comerciantes e importadores para destrabar el conflicto. Desde la Receita Federal avisaron que la modificación de "depachos menores a mayores" es, por el momento, imposible de aplicar.

La UIP quiere avanzar ahora en su plan de acaparar todas las operaciones comerciales fronterizas por medio de los puertos privados, a pesar de la preocupación por los débiles controles al contrabando que denuncia la Receita Federal

"De alguna forma, la UIP quiere administrar ese negocio por medio de sus puertos privados. La Receita no confía en los privados porque todo cargamento de contrabando de cigarrillos viene de los puertos privados. Nunca se registró en un puerto de Aduanas. Quieren dejarnos afuera del negocio y Orué y Giménez están metidos en el plan", comentó a este medio un líder camionero que se opone a la reforma.

Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio. 

LPOLucas Núñez

De forma paralela, otro frente de conflicto tiene que ver con la conclusión de las obras del puente de Presidente Franco que deberían estar terminadas para abril. Al respecto, las organizaciones civiles acusan al ministro Giménez de frenar los trabajos en la terminal portuaria para derivar el negocio de las importaciones a empresas privadas ubicadas sobre la margen del río.

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La cancelación de las obras fue ordenada por la ministra Claudia Centurión por motivos que aún se desconocen. Desde la cartera a su cargo no explicaron la decisión. Cabe mencionar que el actual ministro de Industria y Comercio presidió la Cámara Paraguaya de Puertos Privados y, de acuerdo a datos arrimados a LPO, estaría influyendo en las obras para favorecer a empresarios de la zona. Giménez cuenta con propiedades sobre el río, emplazadas a escasos metros del Puente de la Integración.