
El Gobierno mandó a la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, a negar que el Consejo de la Superintendencia de Seguridad Social echara mano a los fondos calculados en 2.200 millones de dólares que pertenecen a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), como reveló el jueves este medio, y pese a los documentos que comprueban la maniobra.
"La Superintendencia aún no está en funcionamiento. Esa noticia es totalmente falsa. En ningún artÃculo de la ley aprobada habla sobre la disponibilidad de ninguno de los fondos", apuntó Recalde, que lidera la reglamentación del Consejo de la Superintendencia. La ministra solicitó tiempo para responder a las consultas de LPO luego de su descargo, pero de momento no se obtuvo una réplica.
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Sin embargo, los balances de ejecución presupuestaria de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, remitidos por el IPS al Sindicato de Profesionales de la institución (SIPRADIPS), y a los que tuvo acceso LPO, confirman la transferencia de los saldos de fondos jubilatorios a cuentas del Ministerio de EconomÃa para fondear el pago a los jubilados de la caja fiscal.
Esta movida fue avalada a través de la resolución del Consejo de Administración de la previsional, que autorizó el uso de los fondos aprobados por la ley 7050/2023, que regula el Presupuesto General de la República.
"El saldo de la cuenta operativa del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones habilitados en el GNB Paraguay SA al 31 de diciembre de 2022, consistente de G. 277.291.150.585, compuesto principalmente por el saldo no utilizado del Rubro 160- Rentas de la Propiedad que fueran transferidos durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022 a las cuentas operativas para el pago de las jubilaciones y las pensiones de los ejercicios fiscales", señala el informe del 18 de julio de 2023, firmado por el entonces director de Gabinete de la Presidencia, Raúl Vega BrÃtez, y la secretaria general Daisy Leticia López Duarte.
Los fondos fueron destinados para el pago de los rubros 821 de "Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios y Empresas del Sector Público y Privado" y 829 de "Otras transferencias a jubilados y pensionados". Las resoluciones se encuentran publicadas en el sitio del IPS.
De acuerdo a Sergio Lovera, titular de SIPRADIPS, en 2020, el entonces gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, generó un documento solicitando el uso de las rentas, donde alegaba que el 12,5% de lo recaudado para haberes jubilatorios no alcanzaba y creaba una situación deficitaria.
"Ellos ya utilizaron fondos de jubilaciones violando la carta orgánica del IPS en su artÃculo 25 y el artÃculo 95 de la Constitución. Esto sostiene una sentencia del juez Otazú, que dio lugar a un amparo constitucional para evitar una licitación amañada y sobrefacturada de compra de lavarropas por 67 millones de dólares. También dice que el IPS es autónomo y autárquico, con independencia administrativa y legislativa, y que tiene rango constitucional", indicó Lovera.
Es decir que cuando los funcionarios de EconomÃa, Trabajo y el Banco Central afirman que no se está tocando los fondos jubilatorios porque el Consejo de la Superintendencia aún no está en funciones, de acuerdo a Lovera, se tratarÃa de una mentira. El funcionario afirmó además que Carlos Fernandez Valdovinos autorizó el uso de esas rentas (fondos jubilatorios) al firmar -como ministro de EconomÃa- el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.
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