Varios gremios se pronunciaron en los últimos dÃas sobre el escándalo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por los chats filtrados que expusieron un presunto esquema de aprietes y blanqueos en el sistema judicial. La reacción preocupa al Gobierno porque contradice su discurso acerca de la seguridad jurÃdica y el atractivo que ofrece Paraguay para atraer inversiones extranjeras.
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) fue uno de los sectores que se pronunció contra lo sucedido en el JEM tras darse a conocer los chats entre el diputado fallecido Eulalio "Lalo" Gómes y Orlando Arévalo, quien terminó renunciando como miembro del órgano extrapoder y a su banca en la cámara baja.
Arévalo se adelanta y renuncia a su banca tras perder el respaldo del cartismo
El vicepresidente de la UIP, Diego Odonne, calificó de preocupante lo que ocurre en el JEM porque afecta de lleno al sector empresarial y lamentó que la situación "vaya de mal en peor" en el Poder Judicial.
Mientras el sector empresarial está abocado a la construcción de una dinámica económica capaz de captar nuevas inversiones, los casos de corrupción echan por tierra el discurso del Gobierno sobre la seguridad jurÃdica y comprometen la misión de generar puestos de trabajo y apuntalar el desarrollo.
"Esa dinámica económica requiere de instituciones fuertes. Hemos sido testigos de una lamentable revelación y realmente nos ha dejado sorprendidos. Afecta al sector empresarial, afecta a la imagen paÃs y a nosotros como sector que genera trabajo y oportunidades, esto nos golpea bastante fuerte", apuntó el vicepresidente de la UIP.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) también emitió un comunicado sobre el escándalo en el JEM. Los ganaderos exigieron que las instituciones actúen con firmeza y sin dilaciones para restaurar la confianza en el sistema de justicia. Además, reiteraron su compromiso con la defensa de la legalidad y la transparencia.
La ARP repudió las revelaciones que dejaron al descubierto un esquema de manipulación polÃtica de la justicia. El gremio también tachó de inaceptable que se siguiera "desnaturalizando" las instituciones encargadas de impartir justicia, lo que debilita la confianza de la ciudadanÃa. La ARP pidió una investigación rápida, imparcial y exhaustiva de lo ocurrido en el órgano extrapoder.
La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) fue otro de los gremios que publicó un comunicado en el cual instó al Gobierno a investigar y tomar medidas ante el supuesto esquema de manipulación y favores que se hallaron en los chats del celular de Lalo Gomes.
"La corrupción y el tráfico de influencias generan un clima de inseguridad jurÃdica y socavan la confianza de los ciudadanos y potenciales inversores internacionales, perjudicando a todos los sectores de la sociedad", reza parte del texto.
Otro gremio que salió al paso por la polémica en el JEM es la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), quien pidió a los tres poderes del Estado un compromiso para luchar contra la corrupción y la impunidad. "Es inadmisible que quienes deben ser servidores públicos actúen como si fueran los dueños del paÃs", dice parte del pronunciamiento de los supermercadistas.
El celular de Gomes fue sometido a pericia y los primeros resultados revelaron un sistema bastante aceitado de apriete a fiscales y jueces por miembros del JEM y del poder polÃtico. Algunas conversaciones dejaron al descubierto cómo se negociaban sentencias judiciales a favor de narcos detenidos.
El caso derivó en la renuncia de Arévalo del JEM y de Diputados tras perder el respaldo polÃtico de Honor Colorado. Ahora el Ministerio Público puede avanzar sin obstáculos en la investigación contra el polÃtico colorado. Los demás involucrados son las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López.
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