Para Santiago Peña, la pesada burocracia que impone la ley de la Alianza Publico-Privada (APP), así como el déficit fiscal que supone para el Presupuesto General de la Nación, bloquean las chances de Paraguay de aprovechar el grado de inversión concedido por la calificadora de riesgo Moody's.

Y para salir de este acorralamiento financiero y legal, Carlos Fernández Valdovinos avanza en modernizar la legislación y convertirla en una "puerta paralela" que habilite al Estado a concretar inversiones en distintas áreas antes de atraer capitales del exterior.

Paraguay consigue el grado de inversión y Peña anota un "hito" a su gestión

Actualmente, la concesión de una obra por medio de la APP puede tardar 3 años hasta avanzar en un proyecto ejecutivo e iniciar las obras. El objetivo del gobierno con la actualización de la ley N°5102/2013 es cerrar la brecha en infraestructuras en sectores críticos de cara a 2030. Cabe recordar que la necesidad de financiamiento para obras públicas se calcula en unos USD 24.171 millones.

Carlos Fernández Valdovinos.

La iniciativa ilusiona a las cámaras empresariales que lideran los proyectos de obras públicas. De hecho ya iniciaron un proceso de evaluación jurídica de la reforma para presentarle al gobierno sus observaciones. Desde la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA) ya recibieron la propuesta oficial del Ejecutivo y ahora están enfocados en la elaboración de un informe jurídico sobre las modificaciones a la ley.

"No viene de nosotros esta iniciativa. El Estado se dio cuenta de que la ley existente es burocrática y tratan de mejorarla. Pero la gran limitante que tiene es la ley de responsabilidad fiscal. Con este tipo de herramientas podés ejecutar por medio de concesiones y APP fuera del presupuesto, lo que te da la posibilidad de dar más obras", explicó el presidente de CAVIALPA, Paul Sarubbi.

En las iniciativas privadas el Estado puede poner hasta un 10%, lo que hace que algunos proyectos sean inviables por la poca posibilidad de recuperación de la inversión. Esto no se puede aplicar a hospitales o escuelas, porque yo no puedo cobrar 3 millones de guaraníes a un alumno del interior

Los empresarios coinciden en que el gobierno cuenta con proyectos inviables debido a la poca participación del Estado, algo que también señala Sarubbi. "En las iniciativas privadas el Estado puede poner hasta un 10%, lo que hace que algunos proyectos sean inviables por la poca posibilidad de recuperación de la inversión. Esto no se puede aplicar a hospitales o escuelas, porque yo no puedo cobrar 3 millones de guaraníes a un alumno del interior. El Estado debe poner el 100% de la plata con lo cual debe ser aprobado el proyecto como una iniciativa pública", dijo.

Claudia Centurión.

El empresario resaltó que la iniciativa de Peña es un complemento a la inversión del Estado que permitirá duplicar las obras y viabilizar inversiones que se encuentran estancadas debido a la burocracia.

Los intendentes de Alto Paraná le piden a Peña apurar el puente con Brasil y los fondos de Itaipú

Las inversiones de firmas extranjeras en el país no solo pueden ser observadas en la capital, sino en la frontera con Brasil. Pero la falta de caminos de todo tiempo constituye una traba para la instalación de empresas e industrias en beneficio de los pueblos fronterizos que históricamente se encuentran relegados por el gobierno central.

Esta situación fue expuesta por los intendentes de ciudades limítrofes al jefe del Ejecutivo, lo que obligó a acelerar los trabajos desde el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, el escaso presupuesto impide una cobertura total de las necesidades, en tanto, las empresas aguardan el momento para ingresar a la cancha con dinero en mano e impulsar los negocios.