El Gobierno de Santiago Peña planteó con fuerza su interés por impulsar la construcción del gasoducto bioceánico, una obra que de concretarse conectaría Vaca Muerta con Brasil. De hecho, los ministros de Peña y el titular argentino de Economía, Luis "Toto" Caputo, firmaron un memorando de entendimiento en Buenos Aires para apurar el proyecto, pero sin tener aún las fuentes de financiamiento. La inversión estimada es de USD 1.900 millones.

La propuesta se alinea con la visión de posicionar a Paraguay como un actor estratégico en la integración energética regional y como parte de los corredores logísticos que buscan conectar los océanos Atlántico y Pacífico. 

Sin embargo, pese al atractivo del proyecto, el entusiasmo oficial no encuentra eco suficiente en el sector privado, que mira con cautela una inversión de alto riesgo en un contexto incierto.

La obra tendría un impacto considerable para el desarrollo industrial de Paraguay, que podrá acceder a una fuente de energía más limpia y competitiva para zonas hoy desconectadas de los grandes ejes energéticos. Además, consolidaría al país como un nodo clave en la integración de infraestructuras estratégicas regionales.

Los empresarios se oponen al gasoducto en el Chaco porque aumenta la dependencia de Vaca Muerta

 El plan contempla extender un gasoducto desde territorio argentino a lo largo de 110 kilómetros hasta Pozo Hondo, en el departamento de Boquerón, punto de inicio de la Ruta Bioceánica en Paraguay.

La propuesta se alinea con la visión de posicionar a Paraguay como un actor estratégico en la integración energética regional y como parte de los corredores logísticos que buscan conectar los océanos Atlántico y Pacífico.

Este corredor cruza de Oeste a Este el Chaco paraguayo hasta alcanzar la frontera con Brasil. Desde Pozo Hondo, el Gobierno de Peña -o el sector privado- debe construir 530 kilómetros adicionales de gasoducto, paralelos a la traza de la Bioceánica, hasta llegar a Carmelo Peralta, en el departamento de Alto Paraguay, frente a la ciudad brasileña de Porto Murtinho, en Mato Grosso del Sur.

Claudia Centurión y Luis "Toto" Caputo.

A pesar de la euforia de Peña, lo claro y lo concreto hasta el momento es la falta de recursos para el financiamiento. Paraguay apunta al capital privado y es allí donde se da el principal inconveniente: los empresarios, aunque reconocen el potencial a largo plazo de la iniciativa, no están dispuestos a embarcarse sin garantías claras, especialmente por la incertidumbre en cuanto a la rentabilidad de una inversión de gran envergadura.

Paraguay apunta al capital privado y es allí donde se da el principal inconveniente: los empresarios, aunque reconocen el potencial a largo plazo de la iniciativa, no están dispuestos a embarcarse sin garantías claras

Sin embargo, para el gobierno de Peña, la obra representa un salto cualitativo para la infraestructura energética nacional, ya que proyectaría a Paraguay como un hub estratégico en la red de energía del Cono Sur. Se estima que el emprendimiento podría catalizar inversiones industriales y desarrollar la economía del Chaco paraguayo, bastante razagada. En caso de concretarse, el gasoductor estaría operativo hacia 2030.

En lado argentino tampoco hay certeza sobre el financiamiento, ya que el Gobierno de Milei no estaría en condiciones de invertir en el gasoducto y la única alternativa pasa por el sector privado. La situación pone de relieve una vez más la brecha entre la visión de Estado y la lógica del capital privado, sobre todo cuando la política económica de Milei se ha caracterizado por frenar la obra pública.

"Argentina ya modificó los marcos regulatorios para poder dar una previsibilidad de exportación por años. Lo que queda es ver si la demanda está del lado paraguayo y si el volumen y los números dan en el marco de la tasa mínima de retorno que puede exigir el capital privado. Hasta hoy no hay un proyecto concreto presentado por los privados, y Argentina ha sido clara en que esta infraestructura no la va a financiar el Estado y que tienen que ser los privados", dijo a este medio una exfuncionaria argentina.

El Gobierno promete una planta de hidrocarburos en Villeta y apunta a convertir a Paraguay en un hub energético

Mientras, Peña evalúa destinar una porción del gas al abastecimiento eléctrico en los próximos años, ante la perspectiva de reducción del excedente de energía hidroeléctrica en el 2030. Según supo saber LPO, el viceministro de Energía, Mauricio Bejarano, se reunió con representantes de Tecpetrol y Pluspetrol, empresas con fondos de inversiones brasileños, a quienes ofreció financiar el proyecto.

La instalación requeriría una nueva red de gas y la participación de los hogares, lo que implica un número muy alto para el país. Desde la Cámara Paraguaya del Gas (Capagas), estiman que la recuperación de la inversión tomará alrededor de 10 años, aunque este plazo es aproximado porque depende de varios factores, como el costo del producto, el margen de ganancia y la demanda de gas natural.

Por su parte, en la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER) consideran que la posible dependencia de Paraguay del gas argentino, en caso de concretarse el proyecto, implicaría una pérdida de soberanía energética, además de una dependencia innecesaria de fuentes fósiles altamente contaminantes, cuando la apuesta de Paraguay pasa por la generación de energías limpias y renovables.