A menos de una semana de haber pronunciado su discurso en el acto inaugural de la Expo, en la que calificó de "heroica" la iniciativa privada en Paraguay, Santiago Peña protagonizó una fricción con los empresarios. Si bien las medidas fueron tomadas ya a fines de junio, en los últimos dÃas saltaron las fichas de los importadores de combustible y las criptomineras legales.
Con estas últimas, el malestar empezó con una sorpresiva medida de la ANDE, que elevó unilateralmente los precios de la energÃa a las industrias electrointensivas entre un 9% y un 16%, con el argumento que la tarifa acordada con Itaipú pasó de USD 16,8 a USD 19,3 por kilowatt/mes, lo que significó un aumento de USD 8 dólares para las criptomineras y de USD 5 para las que utilizan alta tensión.
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Este argumento fue atacado no solo por los representantes del sector, sino también por legisladores como el senador LÃder Amarilla, que calificó a la decisión del gobierno como de "mala fe" porque el costo de la energÃa en realidad habÃa bajado. Desde la Cámara Paraguaya de MinerÃa de Activos Digitales apoyaron esta tesis al señalar que cuando la ANDE les fijó la tarifa en 2022 el precio de la energÃa de Itaipú estaba en USD 20, 755 por kilowatt/mes.
La cuestión subió todavÃa más de tono luego de que Peña dijera ayer jueves que esta medida solo disminuirÃa el margen de beneficios de algunas de las empresas, pero que no creÃa que vaya a desalentar el negocio de la criptominerÃa. Incluso sostuvo que este sector no genera empleo y que, por contrato, la ANDE no requiere el consentimiento de sus clientes para elevar los precios.
La respuesta del gremio no se hizo esperar y hoy, en un comunicado, expresaron su desacuerdo con las expresiones del presidente, al que acusaron de generar incertidumbre y dañar la imagen paÃs, además de comprometer el "grado de inversión al vulnerar la seguridad jurÃdica del paÃs" y "castigar a los mejores clientes" de la ANDE. Aseguran que con esta nueva tarifa el 80% de las criptomineras privadas dejarÃan de operar en el paÃs.
La molestia de este sector se sumó a la de los emblemas importadores de combustible que esta semana dieron la voz de alarma ante la firma de un decreto que, aseguran, les perjudica gravemente y los pone en situación de una desventaja insalvable en relación con el emblema estatal Petropar.
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La decisión del gobierno de requerir una capacidad mÃnima de 16 millones de litros de tancaje, requisito que no cumple ningún emblema privado, afecta solamente a quienes realizan la venta de combustible en el formato de búnker, es decir, aquel destinado al sector marÃtimo y fluvial.
Este decreto provocó incluso que la representación paraguaya de la multinacional Raizen Shell, a través de su vocero Luis Ortega, declarara la posibilidad de que la firma se retire de Paraguay, menos de tres años después de haber vuelto al paÃs tras quince años de alejamiento.
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