El presidente Santiago Peña y parte de su gabinete presentaron este jueves ante los congresistas y los ministros de la Corte Suprema una serie de proyectos para reformar el Estado en áreas clave de la economía. El Gobierno también socializó oficialmente la reforma del transporte público, luego de varios meses de postergación y en medio de una situación crítica en el área metropolitana.

La presentación fue realizada al mediodía después de casi dos semanas de incertidumbre por el momento en el que Peña iba a enviar los textos al Senado. Las fusiones como las de Senatur con el MIC generaron fuertes resistencias por parte de la propia ministra de Turismo, Angie Duarte, quien acusó a Javier Giménez de no comentarle en qué consistía el plan del Ejecutivo.

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Además, la situación del transporte público, la amenaza de paro de transportistas y la falta de claridad por parte de Claudia Centurión para explicar cómo se financiará el proyecto, elevó las dudas sobre el futuro del servicio en el área metropolitana.

Según explicó la ministra de Obras Públicas, la reforma del área metropolitana es parte de un plan integral para el transporte público que cuenta con tres grandes pilares: Estado fortalecido, la renovación de flotas y la mejora de la infraestructura vial urbana.

Claudia Centurión.

"Una de las medidas concretas de la ley es la ruptura del monopolio que tiene el proveedor de transporte. Se trabajará con las empresas, el Estado tendrá un contrato de provisión de flotas y otro contrato de operación y mantenimiento", explicó Centurión, quien además anunció que el Estado, en algunos casos, pondrá los buses. Las empresas solamente se concentrarán en la administración.

Este aspecto, en teoría, frenaría las amenazas de los empresarios, pero también puede presentarse como un premio a un sector que nunca cumplió del todo con las frecuencias. La integración tarifaria, el funcionamiento de centros de monitoreo con información en tiempo real y la gradualidad en la aplicación serían otros de los puntos de la reforma.

Una de las medidas concretas de la ley es la ruptura del monopolio que tiene el proveedor de transporte. Se trabajará con las empresas, el Estado tendrá un contrato de provisión de flotas y otro contrato de operación y mantenimiento

El sector empresarial respalda la reforma, pero tiene cuestionamientos específicos a la rectoría (dicen que se debe crear un Ministerio de Transporte) y a la manera de dar de baja a los activos (la durabilidad de los buses).

Con la mega reforma, la Dirección Nacional de Repatriados pasará a Cancillería y se creará el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo y Minas y Energías. Carlos Fernández Valdovinos aclaró que una absorción como la que prevé el MIC no le saca pujanza a Senatur, sino todo lo contrario. "La Secretaría Técnica de Planificación es un ejemplo, antes estaba perdida en Hacienda y ahora lidera las reformas en Economía", señaló.

Javier Giménez.

El paquete que presentó Peña también incluye leyes del mercado de valores, del nuevo régimen de incentivos fiscales para inversión, de maquila, de ensamblaje y la modernización del régimen de generación eléctrica. La facilitación de inversiones incluirá la eliminación del impuesto a la distribución de utilidades, lo cual presupone que volverá atractiva la inversión por el bajo costo que tendrá la instalación de fábricas en Paraguay.

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Giménez dijo que la ley vigente tuvo efectos positivos en departamentos como Caaaguazú, donde hoy existen empleos para la población ovetense en general. En cuanto a la nueva ley de maquila, se incorporará el modelo de nulo tributo (1% de IVA) al sector de los servicios para que se puedan instalar oficinas de call center en el país para el mundo. Por el lado de la ley de ensamblaje, el Estado permitirá nuevas oportunidades de negocios para la importación dekits y componentes de tecnología y electrónica, electrodomésticos, heladeras, microondas, aire acondicionados y otros.

"Soñamos con fabricar en Paraguay este tipo de artículos", remató el titular del MIC. Tanto esas leyes como las flexibilizaciones contractuales para inversores en el rubro de la producción de energía son controversiales por establecer beneficios eternos al sector privado. No pagarán tributos y tendrán la explotación energética por décadas, lo cual privará al Estado de incrementar su presión tributaria.