Santiago Peña promulgó el decreto 6120 con el objetivo de ordenar las finanzas del Estado y garantizar una gestión prudente de los recursos públicos. La normativa, impulsada por el Ministerio de EconomÃa y Finanzas (MEF), establece que los fondos estatales se enfocarán estrictamente en salud, educación, seguridad y programas sociales, además del pago de la abultada deuda con los proveedores.
En rigor, el decreto impone fuertes restricciones y medidas de racionalización que prohÃben o limitan la compra de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, servicios de catering y nuevas inversiones que no sean prioritarias. Además, Peña les exige a las instituciones usar primero recursos propios (Fuente 30) antes de recurrir a los fondos del Tesoro (Fuente 10).
La medida del presidente se da luego de que iniciativas parlamentarias, tanto de oficialistas como de opositores, quedaran estancadas en el Legislativo. Una de las propuestas en sintonÃa con el decreto de Peña fue la del diputado César Cerini, que recibió duras crÃticas por parte del sector empresarial, ya que planteaba ampliar el déficit fiscal 1% más.
Los diputados opositores Rubén RubÃn y Raúl BenÃtez también presentaron sus proyectos, siendo la primera muy temeraria en su análisis económico y la segunda, más viable, pero bloqueada finalmente por el cartismo.
Peña tomó la decisión de sacar la "motosierra" la misma semana en que la temperatura polÃtica volvió a incrementarse por la falta de pago a proveedores. En el caso de las empresas de salud, el Estado reconoció una deuda de US$ 1.000 millones, que se menciona usualmente como deuda acumulada con farmacéuticas.
Para la amortización de esa obligación, el Estado, con el liderazgo del ministro de EconomÃa, Óscar Lovera, pretende la cesión de pago de US$ 370 millones. El problema que surge con esta medida es que los proveedores de insumos, clÃnicas tercerizadas y proveedores de mantenimiento quedan fuera del mecanismo.
La vocera de la Cámara Paraguaya de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos, RocÃo Figueroa, aseguró que la oferta de Lovera excluye a un grupo importante de proveedores de insumos, servicios de mantenimiento de equipos y clÃnicas tercerizadas que no cobrarán porque la ley de presupuesto no habilita la cesión de pago para este tipo de empresas.
Las farmacéuticas presionan para que el Gobierno también pague los intereses de la deuda
Actualmente, existe un proyecto de ley en la Comisión de Salud del Senado que busca esa modificación, pero no cuenta con fecha de tratamiento en el pleno. La lectura que tienen estos empresarios es que se priorizará a las farmacéuticas, por lo que varios de los servicios de diálisis, estudios traumatológicos y afines podrÃan ser cortados.
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