El Gobierno continúa con su agenda de reformas y dentro de ella se encuentran cambios a la caja fiscal, aquejada por un fuerte déficit. La jubilación temprana es una de las mayores preocupaciones de las autoridades, aunque también está pendiente la elección del superintendente de Pensiones.

Para tratar de encontrar alguna solución, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analiza una reforma estructural de la caja fiscal ante el creciente déficit del sistema previsional público, especialmente por el peso que representan las jubilaciones tempranas de policías y militares. El acceso a la jubilación antes de los 65 años genera un golpe de USD 120 millones por año.

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Uno de los primeros grandes proyectos presentados por el Gobierno de Peña fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Posteriormente se presentó la ley del servicio civil, clave para poner orden entre los funcionarios, y este año corresponde que se aborde la situación de la caja, según Carlos Fernández Valdovinos.

"Es algo que siempre estuvo en la agenda del Gobierno, en cuanto a reforma. Fuimos muy claros en que, si bien somos técnicos, uno tiene que tener un poco de sentido político, en términos de que no podés meter todas las reformas más polémicas en un solo año, sino que lo íbamos a estar esparciendo a lo largo de diferentes años", apuntó el ministro de Economía.

Es algo que siempre estuvo en la agenda del Gobierno, en cuanto a reforma. Fuimos muy claros en que, si bien somos técnicos, uno tiene que tener un poco de sentido político, en términos de que no podés meter todas las reformas más polémicas en un solo año

Entre los policías y militares se desperdicia mucho capital humano fundamental para el país, como la parte de seguridad, ya sea interna o externa. Otra cuestión es que egresan alrededor de 800 policías al año, pero apenas se jubilan cerca de 500, lo que ocasiona el desbalance a las arcas con el pago de las pensiones jubilatorias.

Otro sector que tiene similares beneficios es el de los docentes -el Ministerio de Economía y Finanzas también analiza este tema, dijeron a LPO-, que tiene un costo aproximado de USD 60 millones para el Estado. Valdovinos habló también de la necesidad de empezar a discutir esta cuestión para tratar de evitar las jubilaciones tempranas.

Carlos Fernández Valdovinos.

Con las reformas que se estarían planteando se busca garantizar la sostenibilidad del régimen, que actualmente se sostiene con transferencias del Tesoro, algo que golpea al equilibrio fiscal. Las autoridades del MEF reconocen que cualquier cambio debe ser gradual y respetar los derechos adquiridos, pero insisten en corregir inequidades que afectan el sistema.

"Para nosotros hay cuestiones que tenemos que ver bien acá, principalmente la situación de inequidad que hay a través de las diferentes cajas, algunos se retiran más temprano que otros. No entiendo por qué deberíamos dejar de contar con los servicios de gente que puede ser útil todavía simplemente porque ascendió una persona que es de una generación más joven", agregó Valdovinos.

En medio de la propuesta de reformar la caja fiscal, el presidente Santiago Peña debe elegir al representante de los jubilados para la Superintendencia de Jubilaciones. La iniciativa sigue avanzando a paso lento tras casi dos años de haberse presentado el proyecto.

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El mandatario ya había promulgado la ley de Jubilaciones y Pensiones en diciembre de 2023, hace casi un año y medio, pero hasta ahora no culminó el proceso de reglamentación ni se eligió al superintendente, una cuestión urgente que esta instancia entre a intervenir por el descalabro de la mayoría de las cajas de pensiones a nivel país.

Tras un tire y afloje de varios meses entre el Ministerio del Trabajo y las distintas asociaciones de jubilados, finalmente la ministra Mónica Recalde recepcionó los documentos de los 25 postulantes para ocupar la silla que corresponde a los jubilados en la mesa de seguridad social integrada por otros cinco representantes del Gobierno, el empresariado y los trabajadores.