La intención del director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, de avanzar en la regulación de las utilidades en reserva como mecanismo para evitar la evasión impositiva abrió un nuevo frente de tensión con el sector privado. Los empresarios apuntan a una estrategia "muy tirada de los pelos" para que el fisco pueda recaudar más, en medio del plan de ajuste anunciado por Carlos Fernández Valdovinos esta semana.

Desde la administración tributaria estiman que las empresas mantienen alrededor de G. 400.000 millones (unos US$ 61 millones) en reservas facultativas, lo que podría generar entre US$ 80 millones y US$ 100 millones en recaudación si esos recursos se distribuyen como dividendos.

Valdovinos quiere meterle un impuesto a los empresarios y Harrison dice que está "desesperado por recaudar"

El planteamiento oficial apunta a cerrar supuestos vacíos legales que permitirían a algunas empresas diferir el pago de impuestos. Sin embargo, desde el ámbito empresarial y técnico surgen cuestionamientos sobre el alcance de la medida y sus posibles efectos sobre la inversión y la liquidez de las compañías.

Una de las voces más críticas fue la de Alba Talavera, directora de Educación del Colegio de Contadores, quien sostuvo que la iniciativa escondía una situación fiscal compleja. El Estado ya no tendría margen para ajustar el gasto en áreas sensibles, deslizó, por lo que estaría trasladando la presión hacia el sector privado. Gravar las reservas empresariales puede afectar la estabilidad financiera de las firmas, especialmente en contextos de atraso en pagos por parte del propio Estado, señaló Talavera.

En la misma línea, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, advirtió sobre los riesgos de otorgar discrecionalidad a la DNIT. Cristaldo explicó que muchas empresas mantienen utilidades en reserva por razones operativas o ante la complejidad de ejecutar inversiones, y consideró que el enfoque debería centrarse en mejorar la calidad del gasto público antes que en aumentar la carga impositiva.

Carlos Fernández Valdovinos y Javier Giménez.

Referentes empresariales consultados por LPO coincidieron en que la propuesta genera incertidumbre por la falta de claridad sobre su aplicación. De manera extraoficial, plantean interrogantes sobre si la medida alcanzará de manera uniforme a todas las actividades económicas o si habrá tratamientos diferenciados, lo que podría derivar en distorsiones. Muchos ya hablan en voz baja de un creciente "intervencionismo" por parte del Gobierno.

Se presta a demasiadas arbitrariedades. Si vamos a ser serios, creo que tenemos que resolver el problema del presupuesto por el lado del gasto público y no por el lado de los ingresos. Ninguna empresa está en condiciones de pagar más impuestos

"Se presta a demasiadas arbitrariedades. Si vamos a ser serios, creo que tenemos que resolver el problema del presupuesto por el lado del gasto público y no por el lado de los ingresos. Ninguna empresa está en condiciones de pagar más impuestos", dijo un empresario en off a este medio.

El debate se da en un contexto más amplio de ajustes fiscales impulsados desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Analistas advierten que el Gobierno enfrenta restricciones presupuestarias que se reflejan en niveles de ejecución contenidos en varios ministerios, en un escenario donde el margen para expandir el gasto es limitado. 

Valdovinos apeló a la caída de la recaudación y una cotización a la baja que impactan en la hoja de ruta del Ejecutivo, pero el ministro no aclaró la profundidad de su programa o cómo afectará a las carteras no prioritarias. Para peor, la administración de Peña, con Valdovinos al frente del timón económico, percibida como próxima al sector privado, comienza a ser vista con recelo por los empresarios. 

El diputado Rubén Rubín.

Como alternativa, el diputado independiente Rubén Rubín presentó este viernes un programa de "rescate" para que el Estado ahorre hasta US$ 700 millones. El congresista propuso eliminar el seguro médico privado y las bonificaciones extras de sus colegas y recortar drásticamente viáticos y bocaditos en el Legislativo. Horas antes, Rubín había tildado a Orué de "enano con complejo napoleónico" por su presunta voracidad recaudadora.

A este panorama de sacrificios se suma la presión derivada del aumento en los precios de los combustibles, que impacta directamente en los costos logísticos y en el bolsillo de los consumidores, lo que genera un efecto en cadena sobre distintos sectores de la economía.

Al final, Valdovinos se queda y anuncia un ajuste: "Vamos a tener una economía de guerra"

En paralelo, la discusión sobre tarifas también gana espacio. El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, insistió en la necesidad de ajustar el precio del servicio eléctrico para reflejar los costos reales, en un contexto en el que algunos sectores de la población y de la producción ya perciben incrementos en sus facturas.

De este modo, la propuesta de gravar las utilidades en reserva se inserta en un escenario económico más amplio, marcado por la búsqueda de mayores ingresos fiscales y la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, pero también por el creciente debate sobre el impacto de estas medidas en la actividad empresarial y el consumo.