El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que las modificaciones a la ley de Alianza Público-Privada (APP) se hicieron porque el Estado no cuenta con recursos suficientes para invertir en infraestructura, mientras el déficit fiscal impide financiar obras de gran envergadura. Sin embargo, el presidente Santiago Peña acaba de promulgar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, que estipula la creación de 15.219 nuevos cargos en la función pública.

El decreto del PGN también prevé pagos extraordinarios y adicionales para los funcionarios públicos que pueden alcanzar hasta el 80% de su salario. Este punto pone en duda el discurso de austeridad que defiende tanto el mandatario como buena parte de su gabinete, con Valdovinos a la cabeza. 

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Incluso, el ministro reconoció que la ley de APP tuvo muy poco éxito desde su sanción en 2013. Uno de los pocos proyectos que se llegó a concretar bajo este régimen fue la ampliación de la ruta PY02 desde Ypacaraí hasta Juan Manuel Frutos, a cambio de 30 años de concesión al consorcio Rutas del Este, conformado por las empresas Sacyr y Ocho A, esta última propiedad del senador colorado Luis Pettengill.

Santiago Peña y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. 

MOPC

"A lo largo de este tiempo salieron muy pocas licitaciones bajo la modalidad APP. Hicimos pequeñas modificaciones que permitirá mucho más dinamismo y será fundamental ante la carencia de infraestructura que tenemos y la carencia de espacio fiscal para financiarlo", apuntó el titular de Economía en la 1080 AM.

Sobre la ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, Fernández Valdovinos sostuvo que la norma no está para generar ninguna revolución, a pesar de que fue creada para promover la meritocracia y lograr así mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones del Estado.

En recursos humanos vamos a esperar mucho tiempo para una depuración. Podemos echar, pero vamos a tener que pagar y eso no está en el presupuesto

La ley generó un amplio rechazo de los gremios de estatales, sobre todo cuando el Legislativo se autoexcluyó de la legislación, al igual que el Poder Judicial, donde no se impedirá el prebendarismo ni el nepotismo para el ingreso de funcionarios.

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 "La ley no está pensada para hacer una revolución en el sentido de que en el presupuesto del 2026 vamos a tener todo ordenado, sino que se hará de forma gradual a lo largo del tiempo. En recursos humanos vamos a esperar mucho tiempo para una depuración. Podemos echar, pero vamos a tener que pagar y eso no está en el presupuesto", explicó el ministro. 

La ley del PGN para este año prevé un gasto para el pago de salarios de la administración central financiado con impuestos (FF10), la suma de G. 23,85 billones, equivalente a unos USD 3.151 millones al tipo de cambio establecido en el presupuesto, mientras desde el Ejecutivo alegan que no están los recursos necesarios para invertir en infraestructura.