Varias centrales obreras están en contra de la propuesta del Gobierno para aumentar el salario mínimo en G. 100.700 y consideran que debería ser de G. 6.379.630 para poder costear los productos de la canasta básica. Para el próximo martes se prevé una manifestación frente al Ministerio de Trabajo, a cargo de Mónica Recalde, en repudio al monto propuesto por el Ejecutivo.
"Vergonzosa la actitud del gobierno y de los gobiernos anteriores también, que manipulan el costo de vida del trabajador para poder ajustar el salario mínimo hacia abajo y de una manera ilegal y arbitraria. El ministro de Economía es un charlatán, un mentiroso", dijo Eduardo Ojeda, presidente de la Corriente Sindical Clasista, a LPO.
El costo estimado por la Central Unitaria de Trabajadores y otros sindicatos se basa en tres niveles de alimentación (el desayuno, el almuerzo y la cena) que se llevan más del 50% del costo de vida, alrededor de G. 3.000.000. El actual salario mínimo, según los trabajadores, no alcanza para cubrir estos gastos. Esto no incluye servicios básicos como luz, agua, transporte y alquiler en algunos casos.
El BCP dice que la inflación de mayo fue de 0% y condiciona el reajuste del salario mínimo
Para Ojeda está demostrado que los trabajadores son "estafados" en Paraguay con el salario mínimo actual. El Gobierno, apuntó, solo responde a los intereses empresariales con su "política esclavizante". Otro punto cuestionado por las centrales es la falta de discusión sobre la remuneración básica, además de dejar de medir por Índice de Precio del Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay porque no refleja la realidad.
"Es una barbaridad cómo analiza el BCP el costo de la canasta básica y cómo concluye para que la inflación sea lo menor posible y que la variación sea lo menor posible, mientras el costo de vida del trabajador cada día es más insostenible con el salario mínimo actual. Nosotros instamos a salir a las calles contra esta política esclavizante del Gobierno y para defender nuestros derechos", sostuvo Ojeda.
Para la economista Marta Coronel, el problema no radica en el monto del salario mínimo o su reajuste, sino más bien en el alto porcentaje de informalidad, ya que solo una porción muy pequeña, el 20%, es a la que se le ajusta el salario, o lo que sería el alcance.
Por su parte, el también economista Jorge Garicoche, señaló que el monto de la suba no siempre es el verdadero problema, sino la estructura misma del mercado laboral, en el sentido de cuántos son los que reciben esta remuneración.
"La cuestión es estructural, cuántos son los reciben salario mínimo, cuántos son los que están fuera de un sistema formal y cuántos son los que, dado un ajuste, ya sea por inflación o superior a eso, podrían ser expulsados del mercado laboral por una situación de incremento salarial. La productividad de nuestra economía tiene que mejorar, la formalización tiene que avanzar como principal punto y discutir algunas cuestiones de definición de las normativas", explicó el director de la consultora Mentu.
El BCP dio a conocer el IPC correspondiente a mayo, que se ubicó en 0% debido a un comportamiento mixto de los precios. Coincidentemente, en el mes donde no hubo inflación se debe analizar el reajuste del salario mínimo. Este jueves fue la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) y todo apunta que llegaría a G. 2.899.048.
Se estima que el 62% de los trabajadores gana por debajo del salario mínimo y el 27% de la población tiene un ingreso entre un salario mínimo y menos de G. 5 millones. La canasta se estima en G. 897.168 en el área urbana y en G. 654.657 en el área rural, donde la pobreza trepa al 25,9%, 9,3 puntos más que en las ciudades, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Peña habla de "desfasaje" en el costo de la canasta básica y evalúa subir el salario mínimo
El Gobierno también plantea la posibilidad de cambiar los criterios establecidos para el reajuste del salario mínimo, con el objetivo de que la canasta básica refleje el poder adquisitivo de las personas que perciben esta remuneración. La decisión fue tomada por el equipo económico de Santiago Peña, pero en caso de prosperar, entraría en vigencia recién en 2026 o, incluso, en los siguientes años.
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