El gobierno de Santiago Peña tuvo este miércoles dos llamados de atención por parte del sector privado en cuanto a la posibilidad de fortalecer los controles a las ONG, hasta el punto de volverlos abusivos. Por un lado, la calificadora de riesgo Fitch mantuvo su calificación a Paraguay, dejando al país fuera del grado de inversión al tiempo que un grupo de empresarios pidieron al presidente que vete el proyecto de ley impulsado por el cartismo.

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), un grupo de relevancia en la economía local, emitió un comunicado en el que exige al Gobierno que no respalde la norma aprobada por el Congreso. "Las organizaciones afectadas desempeñan un rol esencial en el desarrollo social y económico del país, complementando la labor del Estado en áreas donde sus recursos no llegan", señala el escrito.

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La ley de ONG es objeto de critica por parte de la oposición y las organizaciones afectadas, sin embargo, esta vez los empresarios también sentaron postura sobre lo que podría ser una forma de desestimular el papel de las asociaciones civiles, un derecho constitucional. "Eventuales sanciones arbitrarias y discrecionales no solo afectarán la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro, sino que también debilitarán el tejido social construido con años de trabajo", mencionan los miembros de ADEC en su posicionamiento.

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía. 

Actualmente, el titular de ADEC es Jorge Figueredo, director de Raíces Real Estate y Paraguay Sotheby's International Realty, dos empresas importantes del rubro inmobiliario. Además es miembros del Consejo Ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) y una figura destacada de los negocios.

Otro referentes importantes de la ADEC son María José Cosp de Matiris, empresa paraguaya de trayectoria y líder en segmentos de insectisidas, Paul Grimm de Casa Rica, retail líder en su segmento, y Ulisses Cabral de Monpower, compañía especializada en recursos humanos para empresas.

Eventuales sanciones arbitrarias y discrecionales no solo afectarán la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro, sino que también debilitarán el tejido social construido con años de trabajo

Hoy también se conoció que Fitch Ratings mantuvo la calificación de Paraguay en "BB+", luego de que el país consiguiera el grado de inversión con Moody's, por lo que se esperaba que también ocurriera lo mismo.

Basilio "Bachi" Núñez, presidente del Senado.

Si bien en el reporte se destacó que Paraguay es sólido en sus políticas macroeconómicas y cuenta con una liquidez externa robusta, la agencia subrayó algunos desafíos fiscales, como el déficit del sistema de pensiones del sector público. Fitch también tildó de "reforma controvertida" la ley contra las ONG porque "puede debilitar las protecciones para la libertad de asociación y expresión".

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En ese sentido también opinó el exministro de Hacienda, el economista Manuel Ferreira, quien agregó que un aspecto que se debe garantizar, si es que el Gobierno quiere que otras calificadoras le den el grado de inversión, es la seguridad jurídica. Actualmente, analistas y referentes políticos y de opinión aseguran que el sobremonitoreo y el control asimétrico que plantea la ley anti ONG puede llegar a afectar la imagen del país en el exterior.