El Gobierno quiere echar mano a los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), específicamente a las reservas técnicas que rondarían los 2.200 millones de dólares, depositados en diferentes en bancos. Además, apunta a los 900 millones de dólares correspondientes a inmuebles que pertenecen al universo de aportantes de la previsional.

El principal argumento del gobierno es intentar fondear las cajas jubilatorias que hoy pasan por una situación complicada e imponer un manejo más transparente de las finanzas del millonario caudal de la previsional. 

Pero para avanzar es necesario poner en funcionamiento la ley 7235/2023 que reglamenta el rol supervisor del Estado sobre las entidades de jubilaciones y pensiones, a través del Consejo de la Superintendencia de Jubilaciones. Mientras tanto, las organizaciones de funcionarios profesionales activos del IPS recurrieron a la Corte Suprema de Justicia por considerar la jugada de inconstitucional.

Funcionarios y jubilados del IPS piden blindaje de los fondos previsonales 

A pesar de esto, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, lanzó una amenaza para que los sectores involucrados pongan a funcionar lo antes posible el Consejo, incluso sin la participación de jubilados y trabajadores en caso de que no definan a sus candidatos para integrar el órgano.

Actualmente, el monto recaudado por el IPS para fondos jubilatorios asciende a 400 millones de dólares. Los montos provienen de los aportes del sector empresarial, de los cuales son redistribuidos al IPS (14,5%), al Ministerio de Salud (1,5%) y al Ministerio del Trabajo (1%), para ser invertidos en programas sociales.

El presidente Santiago Peña. 

Caber recordar que el obrero aporta el 9% sobre el salario del trabajador, mientras que el 1,5% que debía aportar el Estado por cada cotizante nunca se materializó desde 1943. La deuda del Estado con el IPS orilla los 500 millones de dólares, un monto histórico que no contempla los intereses moratorios y punitorios, que coincide con los cálculos actuariales del 14% anual.

En 2018, el entonces presidente del IPS, Benigno López, firmó a título personal con el BBVA una resolución por la que se ordenaba que toda la recaudación a nivel país fuera administrada por el banco, consistente en unos 180 mil millones de guaraníes, cuando en realidad el monto recaudado en ese tiempo era de 220 millones de guaraníes, y que se encargara de abonar los pagos mensuales. De este servicio, el banco logró un remanente de unos 75 mil millones de guaraníes.

Acá violaron la Constitución porque no se puede presupuestar fondos del IPS. Pretende legalizar el uso de la renta presupuestando, y eso es una violación a la Constitución Nacional. Porque cuando cobrás renta eso pasa a ser capital y pasa directo a los fondos jubilatorios

Ante este sobrante, López, el hermanastro de Mario Abdo Benítez, lo ubicó en una cuenta a la vista sin utilidades en intereses, transgrediendo la carta orgánica del IPS y del Banco Central del Paraguay (BCP). Meses después, López denunció una deuda impaga de unos 300 mil millones de guaraníes y solicitó un crédito al BBVA, que le otorgó ese importe a la vista, a un interés del 6.6% en guaraníes.

La maniobra financiera, que salpica al actual presidente del IPS, Jorge Brítez, y otros directivos,  fue tachada de irregular por la Contraloría. A partir de 2021, ese remanente tuvo un aumento de 100 mil millones de guaraníes de ingreso vía aporte obrero-patronal, que pasaron a formar parte de la reserva técnica.

Jorge Brítez, titular del IPS. 

Gentileza La Nación

Ya en 2023, bajo el gobierno de Santiago Peña, esa renta fue incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) y legalizada bajo el dominio del Consejo de Superintendencia, violando otra vez la carta orgánica del IPS, que tiene rango constitucional. El IPS administra un seguro social con capitalización colectiva y solidaria que rige de forma obligatoria para el trabajador con salario en relación de dependencia, la cual es autónoma y autárquica.

Esta situación fue denunciada por el Sindicato de Funcionarios Profesionales del IPS, liderado por Sergio Lovera, quien sentenció que el uso irregular de los fondos jubilatorios fueron denunciados ante el Ministerio Público y que, actualmente, el Consejo de Superintendencia pretende violar la Constitución.

Valdovinos apura a Recalde y amenaza con poner en marcha la Superintendencia de Jubilaciones

"Acá violaron la Constitución porque no se puede presupuestar fondos del IPS. Pretende legalizar el uso de la renta presupuestando, y eso es una violación a la Constitución Nacional. Porque cuando cobrás renta eso pasa a ser capital y pasa directo a los fondos jubilatorios. Quienes violaron fueron el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos y el presidente Santiago Peña", comentó Lovera.

Atendiendo a esta realidad, el sector de funcionarios profesionales impulsó una acción de no innovar ante el Corte para que se evite la venta del patrimonio de la previsional con la excusa de la desfinanciación del fondo jubilatorio.

"Ellos quieren legalizar la utilización de la renta y los inmuebles del IPS. No lo estaban pudiendo hacer porque violaban la Constitución y ahora con la Superintendencia quieren echar mano a los fondos jubilatorios", explicó.

Si el presidente Santiago Peña quiere hacer uso de la reserva técnica de los fondos jubilatorios del IPS, dicen los funcionarios de la institución, debe convocar a un referéndum constitucional para modificar la carta orgánica y el artículo 95 de la Constitución.