Referentes del sector de los criptoactivos en Paraguay están preocupados porque la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) publicó la resolución general 47/2026, que establece la obligación de suministrar información sobre transacciones con criptomonedas al fisco, lo que supone crear el primer esquema formal de trazabilidad para este mercado en el país.

Si bien no se resisten a que el Estado empiece a elaborar un marco jurídico para los criptoactivos, los implicados señalan que la norma obliga a reportar compras, ventas, intercambios cripto-cripto, tenencia, pagos en cripto, minería, staking (un mecanismo de recompensas que funciona como un depósito a plazo), lending (una suerte de préstamo), yield farming (liquidez a cambio de intereses o comisiones), donaciones, herencias y operaciones con NFTs cuando el volumen anual supere US$ 5.000, incluso si las operaciones se realizan en exchanges del exterior o de forma peer-to-peer.

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El CEO de Cripto Py y activista digital Joaquín Morínigo dijo a LPO que cada operación deberá informarse con fecha y hora, identidad de los participantes o dirección de wallet, tipo de criptoactivo, red utilizada, cantidad exacta hasta diez decimales, valor en dólares, comisiones, gas fees y hash de la transacción, mediante declaraciones presentadas en el sistema Marangatu y registrando en el RUC la obligación 959-DJI Criptoactivos.

Félix Sosa, presidente de la ANDE.

Presidencia de la República

"La medida forma parte de un proceso más amplio de modernización del sistema tributario paraguayo impulsado por la DNIT para mejorar el control, percepción y fiscalización de tributos en la economía digital", explicó Óscar Orué. El titular de la DNIT había anticipado la resolución en un evento organizado por la revista económica Forbes Paraguay sobre criptoactivos, ayer miércoles.

Esto se da al mismo tiempo en que Paraguay explora minería institucional de Bitcoin mediante un acuerdo entre la ANDE y la empresa Morphware para reutilizar ASICs (circuitos integrados de aplicación específica) incautados en operativos contra la minería ilegal, mientras tres bancos locales esperan la autorización del Banco Central para operar como rampas fiat para empresas cripto y ofrecer servicios vinculados a activos digitales.

Ya hubo casos en Francia, por ejemplo, de funcionarios de la oficina de impuestos que vendieron información de contribuyentes que tienen criptomonedas y desembocaron en robos

En tanto, la ley del mercado de valores paraguaya ya contempla la emisión de securities utilizando infraestructura blockchain.

Para Morínigo, el problema es que la DNIT quiere saber todos los criptos que una persona tiene, que no deja de ser información sensible. "Ya hubo casos en Francia, por ejemplo, de funcionarios de la oficina de impuestos que vendieron información de contribuyentes que tienen criptomonedas y desembocaron en robos", aseguró.

Carlos Carvallo, titular del BCP.

Morínigo también recordó que el BCP sostiene que los criptoactivos no son moneda, mientras que la Superintendencia de Valores considera que las monedas no tienen valor. Entonces existe una especie de desacuerdo entre instituciones. "El BCP está preparando un decreto para regular el negocio y supuestamente en abril se hará público", adelantó.

Actualmente, países como Estados Unidos solo obligan a declarar criptoactivos si se hace una operación de venta, mientras en Paraguay, según el propio Orué, la tendencia es la transparencia total, con todos sus riesgos.

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La semana pasada se llevó a cabo un seminario especializado sobre criptomonedas dirigido a representantes de la Senad, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Seprelad, Migraciones, Dinac y Dinapi. La iniciativa, con el apoyo del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EEUU, abordó la cuestión de las criptomonedas, así como tendencias y tipologías de delitos financieros que pueden involucrar activos virtuales.

La mentoría estadounidense busca justamente contrarrestar el lado oscuro de esta industria, dotando a las autoridades paraguayas de herramientas para investigar delitos como el que originó los equipos que ahora la ANDE quiere poner a producir.