El titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, reconoció que las empresas públicas y las instituciones del Estado le deben a la compañía unos USD 120 millones, un volumen impresionante que se compara con la deuda del sector privado. No es un tema menor para Sosa, quien depende de los pagos por el servicio prestado para mantener equilibrados los números de la ANDE y seguir adelante con las inversiones del plan maestro.
La crisis estalló semanas atrás de la peor manera, cuando Sosa resolvió cortarle el suministro eléctrico a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Luis Fernando "Luifer" Bernal tuvo que desembolsar G. 1200 millones para poder restituir el servicio, pero la medida de presión afectó temporalmente a los usuarios y obligó a Santiago Peña a buscar una salida rápida -y negociada- entre Sosa y Bernal.
La interrupción del suministro ocasionó una fricción política entre ambos, con Luifer sugiriendo una especie de vendetta por parte del titular de la ANDE, aunque el presidente de la República reconoció que el Estado no estaba ahorrando sus compromisos con la empresa eléctrica. Para agravar la situación, el decreto que reglamenta el Presupuesto General de la Nación impide a las compañías acumular pasivos, lo que las obliga a refinanciar las deudas o encontrar alternativas.
En otras palabras, el Gobierno no tiene un plan de pagos unificado para evitar que la ANDE soporte el peso de la deuda. La empresa, cuya morosidad actual asciende al 18%, se abrió a mecanismos de compensación entre compañías, que podría incluir la cesión de propiedades, como sugirió la directora general de Empresas Públicas, Sara Zárate.
No es solo la Essap la que le debe a la ANDE. En la lista aparecen la Industria Nacional del Cemento (INC), el IPS y los ministerios de Salud y Educación. Óscar González, ministro de Defensa, reconoció que su cartera no tenía "a mano los recursos" para saldar sus compromisos con la ANDE (y también con la Essap), algo que dejó entrever no solo la poca asistencia del Ejecutivo central, sino la puja por mayores partidas presupuestarias, revisadas y definidas por Carlos Fernández Valdovinos.
En rigor, a Peña le molestó la decisión unilateral de Sosa respecto a la Essap, pero era la única vía a la que podía apelar para comprometer al Gobierno. La compañía está a punto de iniciar las obras del plan maestro, que prevé erigir líneas de transmisión subterráneas en seis puntos del país. El plan estipula una inversión cercana a los USD 56 millones, con fondos del BID y del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán (ICDF, según sus siglas en inglés).
Sosa necesita recursos propios para pagar los préstamos del plan maestro, lo que explica la urgencia por regularizar los pagos con sus deudores. Con la INC y el IPS, dijo, las respectivas deudas fueron fraccionadas para que pudieran empezar a ordenarse, que ya está ocurriendo. El MEC, en tanto, está ofreciendo inmuebles que la ANDE piensa usar como subestaciones o depósitos.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.